El Poder Ejecutivo de la provincia de Tucumán amplió los topes previstos de compras y contrataciones con la idea de que los funcionarios con capacidad de decisión puedan adquirir los bienes o servicios necesarios para su gestión.

Fue a través del decreto 2.755 firmado la semana pasada por el gobernador, Juan Manzur, el ministro de Economía, Jorge Garvich, y el secretario de Hacienda, Rolando Steimberg. Con la norma, se actualizaron las cifras fijadas por un instrumento similar que databa de agosto de 2015, último tramo de la gestión de José Alperovich.

Prácticamente todos los límites de operaciones fueron duplicados, pese a que algunas mediciones privadas, encargadas por el propio Estado tucumano, arrojaban incrementos de costos en torno al 40% anual.

Según la nueva escala, publicada en el Boletín Oficial, los directores pueden aprobar contrataciones directas hasta un límite de $ 4.500, lo que equivale a un 50% más que en 2015. Para los secretarios, por otra parte, su rango de acción oscila entre los $ 4.501 y $ 22.000, 46% por encima de lo establecido el año pasado. Y los ministros tendrán la posibilidad de decidir desembolsos de entre $ 22.001 y $ 95.000, un 48% más con respecto al último ejercicio.

En tanto que, a partir de los $ 95.001 corresponderá la autorización y la aprobación del Poder Ejecutivo provincial, indica la norma.

Asimismo, los valores para otras operaciones previstas por ley también crecieron de forma similar.

En el caso de los concursos de precios, los directores podrán aprobarlos en valores que vayan desde $ 4.500 hasta los $ 30 mil, el doble que lo permitido el año pasado. Para las licitaciones privadas, los secretarios se moverán en el rango de entre $ 30.001 y $ 60 mil. En ambos casos, el incremento representa un 50% en relación con la normativa del año pasado.

Y, con respecto a las licitaciones públicas, los ministros tendrán la posibilidad de efectuarlas con costos entre los $ 60.001 y $ 95.000, lo que es un 48% por encima de los límites anteriores. Las licitaciones por más de $ 95.001 también quedarán a criterio del Ejecutivo.

Las modificaciones también alcanzaron los valores para la venta de bienes muebles, arrendamientos y locación de inmuebles del Estado. En este rubro, los ministros aprobarán concursos de precios hasta $ 15.000 y licitaciones privadas y ventas directas hasta 60.000, mientras que el Ejecutivo podrá dar vía libre a licitaciones, remates públicos y ventas directas a partir de $ 61.000.

Más allá de estos topes, se contemplaron operaciones que podrán ser realizadas en forma directa “por razones de urgencia o emergencia imprevisible -que deben ser comprobadas- y únicamente por el mínimo indispensable, hasta tanto se proceda al llamado licitatorio”, dice el decreto firmado por Manzur. También “cuando realizada una licitación no hubiera propuestas, o las habidas no fueran convincentes”, y para “la contratación de artistas, técnicos o científicos o sus obras”, entre otras.

Con respecto al control en el uso de los fondos públicos, la Ley de Administración Financiera de Tucumán establece que todas estas operaciones deberán obtener el visto bueno del Tribunal de Cuentas de la provincia.