El rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNAF), Martín Romano, fue procesado el viernes por la Justicia Federal de esa provincia por supuesta malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario estatal y negociaciones incompatibles con su función en la casa de altos estudios.

La medida fue dispuesta por el juez Juan Carlos Vallejos y se dio en el marco de una investigación iniciada en 2012 a raíz de la denuncia de un docente de la UNAF, Pedro Schaeffer. Según el profesor, ya desde aquel momento no se le estaban realizando los aportes jubilatorios por su labor y el faltante llegaba a unos 30 mil pesos.

Inmediatamente, se inició una pesquisa que incluyó auditorías contables, declaraciones testimoniales y otras medidas probatorias, y en la que se alcanzó a determinar que la misma situación afectaba a más de mil agentes que tenían relación de dependencia con la Universidad, entre profesores, no docentes y trabajadores de diferentes escalafones.

No obstante, el tiempo transcurrió sin que la justicia tomara ninguna decisión al respecto. De hecho, en un primer momento el expediente estuvo a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, una magistrada que a fines del año pasado decidió dar un paso al costado.

Cuatro años después de iniciada, la investigación pasó a manos del Vallejos, quien decidió procesar sin prisión preventiva al rector de la UNAF y le trabó un embargo de $ 100 millones. Además, en su escrito, el juez señaló que “no sería recomendable que Romano siga al frente del Rectorado porque su permanencia podría ocasionar más perjuicio a la administración” de la casa de altos estudios.

Asimismo, el magistrado ordenó a la fiscalía interviniente que investigue a otros seis funcionarios jerárquicos de la Universidad ante la posibilidad de que hayan encubierto o favorecido el accionar de Romano.

Trascendió de medios locales que la medida judicial ya fue notificada a los ministerios de Educación de la provincia y de la Nación, al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Formosa, a la Oficina Anticorrupción y a otros organismos oficiales relacionados con el ámbito educativo y entes de fiscalización y contralor.