La Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos (CNIA) fue creada en 2009 pero, según la Auditoría General de la Nación (AGN) “solo estuvo muy activa hasta 2010”. En los últimos cinco años “obtuvo escasos resultados, no formalizó su organización institucional y, ni siquiera, tuvo un presupuesto específico”.

Nació como respuesta a las crecientes denuncias y juicios por intoxicación con agroquímicos, producto de las fumigaciones de campos linderos al Barrio Cordobés de Ituzaingó. Ante una población urbana que presentaba enfermedades oncológicas y diversas patologías, la CNIA tendría como objetivo “la investigación, prevención, asistencia y tratamiento de las personas expuestas”.

Al momento de su creación, el reglamento interno estableció que “la Comisión estaría presidida por el ministro de Salud y representantes de las carteras de Salud, Ciencia y Tecnología, Trabajo, Ambiente y Desarrollo Sustentable, Agricultura y Pesca y organismos como SENASA, ANMAT e INTA”. También se estableció como necesarias las reuniones con las provincias y distintos consejos federales, como los de Salud, Ambiente y el Fitosanitario.

Por todo ello, para el organismo de control, la CNIA, “es una buena herramienta para implementar estrategias transversales articulando acciones entre organismos nacionales, jurisdicciones locales, municipales y organizaciones sociales”. No obstante “requiere ser fortalecida para que pueda concretar muchas de las tareas pendientes”.

La Comisión tiene seis grupos de trabajo específicos: El GT1que se dedica a la investigación y el desarrollo del conocimiento, el GT2 a la legislación y normativa, el GT3 que tiene como área específica la comunicación y la prensa, el GT4 que trata la gestión integral de agroquímicos, mientras que el GT5 prepara acciones de terreno y el GT6 realiza capacitaciones para la prevención.

“El único que tuvo reuniones permanentes fue el GT4”, señala la AGN, los demás “discontinuaron su actividad después de 2010”. En general, agrega, “los grupos de trabajo obtuvieron bajos resultados en propuestas de normativa” ya que “no lograron ni una ley de agroquímicos que regule su uso, ni una de envases, ni planes nacionales de gestión”.

Ni el Ministerio ni la Secretaría, dice el informe aprobado en 2016, “le dieron relevancia al impacto de los agroquímicos en la salud y el ambiente”. La información que existe “no refleja la magnitud real de los efectos y, en consecuencia, se dificulta el abordaje de políticas sanitarias acordes a la gravedad del problema”.

Tampoco se avanzó con lo que respecta a la difusión y concientización ya que “no se implementó una estrategia comunicacional ni educativa adecuada destinada a los múltiples sectores perjudicados”.

De hecho, el equipo de auditores detectó que “no se convocó al Ministerio de Educación teniendo en cuenta la importancia de la enseñanza y la difusión para la prevención”.

También “fueron relegadas las políticas de prevención, investigación, asistencia, tratamiento y mitigación del problema”. La AGN detalla que para ello “es necesario reforzar los centros de asistencia toxicológica, elaborar un mapa de riesgos, evaluar los daños en los recursos naturales”, solo por mencionar algunos puntos.

Aquí las audiencias públicas también son necesarias. Al igual que las consultas públicas “deben realizarse antes de autorizar una actividad de efectos eventualmente negativos y significativos sobre el ambiente”. De hecho, el equipo de auditoría “no encontró evidencia de actividades de participación ciudadana”.

Por último, a rasgos generales, el informe advierte que desde el año 2009, cuando se creó la comisión, “no se revisó ni actualizó su plan de trabajo ni se actualizaron líneas de acción ni plazos”.