Tras haber esperado sin éxito que un exintendente se presentara a brindar un descargo por supuestas irregularidades en su gestión, el Tribunal de Cuentas de Catamarca decidió declarar “en rebeldía” a José Santiago Yapura, otrora jefe comunal de la localidad de Pozo de Piedra, a quien se le inició un sumario luego de que finalizara su mandato, en diciembre del año pasado.

Según consignan medios catamarqueños, el organismo de control había notificado a principios de agosto a Yapura sobre el inicio de un sumario contemplado en la ley provincial 4621 que establece que el juicio administrativo de responsabilidad tiene por objeto determinar “la culpa y el daño causado por el funcionario o agente en su gestión, respecto de los bienes del Estado”.

La mencionada norma también dice que los implicados deben contestar la vista de las notificaciones en un término no mayor de quince días. Sin embargo, de acuerdo al Tribunal de Cuentas, Yapura no respetó los plazos y no compareció frente al organismo de control, por lo que a comienzos de esta semana se supo que había sido declarado “en rebeldía”.

Tras la finalización de su mandato, José Santiago Yapura fue designado en un cargo directivo del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, que ejerce actualmente. 

Otras sanciones

Por otra parte, el Tribunal catamarqueño también citó a Rosa Cleotilde Muñoz, quien hasta diciembre fuera secretaria de Hacienda de la municipalidad de Tinogasta, para responder por un sumario administrativo de responsabilidad relacionado con su gestión. Como en el caso de Yapura, desde esta semana comenzará a correr el plazo para que la exfuncionaria efectúe sus descargos, ofrezca pruebas y constituya domicilio en esta capital provincial.

Otro intimado por el organismo de control es el exsecretario de Hacienda de la municipalidad de Corral Quemado, Armando Alexis Aybar, que deberá reintegrar $ 25.243 a la hacienda pública.

La sanción se aplicó por irregularidades una rendición de cuentas correspondiente al segundo semestre de 2010, en la que se aprobaron ingresos por $ 4.151.928 y se detectaron egresos por $ 3.944.241, de acuerdo con la prueba documental.

Por las observaciones del Tribunal, el ex funcionario deberá pagar una multa equivalente a cuatro días de su sueldo en el cargo que detentaba al momento en que se produjeron los hechos.