A ocho meses y un día de haber asumido en sus cargos, dos de las tres máximas autoridades del Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba aún no publicaron sus declaraciones juradas de bienes, incumpliendo la normativa vigente en la materia.

Se trata de la presidenta del ente, Graciela del Valle Chayep, y el vocal representante de la oposición, el radical Esteban Bría. Y es que según la Ley provincia 8.198, cada funcionario deberá hacer público el detalle de su patrimonio antes de los 30 días de comenzar a desempeñar funciones.

No obstante, los miembros del organismo de control no son los únicos que adeudan el trámite; lo mismo ocurre en el caso de la Defensoría del Pueblo provincial, que sólo tiene dos declaraciones juradas subidas al sitio web del gobierno cordobés, entre ellas la del propio ombudsman Mario Decara, que incluye una casa por $ 175 mil, un “valor irrisorio” según consideró el diario La Voz del Interior.

Asimismo, en los registros figuran solamente cinco detalles patrimoniales de funcionarios del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) y, de hecho, hay dos integrantes del directorio que no cumplieron este trámite: la vocal María Fernanda Leiva y el representante de los usuarios, Walter Scavino quien, según trascendió, no actualiza los datos de sus bienes desde hace tres años.

La publicación que cambió todo

Ya sea por los abultados números que manejen algunos, o por la omisión de otros, la cuestión de las declaraciones juradas de los funcionarios tomó protagonismo en el centro de la escena mediática y política durante los últimos meses.

En el caso puntual de Córdoba, hubo una masiva difusión de declaraciones a principios de agosto luego de una nota publicada en el diario La Voz del Interior en la que se indicaba que, pasado el primer semestre de la nueva administración local, seis de cada diez funcionarios no habían divulgado hasta ese momento el detalle de sus patrimonios.

Es que antes de que el matutino diera la noticia, en la web del gobierno cordobés figuraban unas 107 declaraciones juradas. No obstante, el impacto de la nota fue tal que desde la publicación (17 de julio) hasta el viernes pasado (5 de agosto) se sumaron 154 funcionarios más a la nómina.

Igualmente, el diario insistió esta semana en que falta la difusión de los patrimonios en varias áreas del Estado provincial. Por ejemplo, la Universidad de Córdoba tiene publicada una sola declaración jurada y no es precisamente de sus máximas autoridades; de hecho, la rectora Isabel Esperanza Bohorquez y el vicerrector Flavio Loforte llevan ocho meses sin cumplir con la obligación establecida en la 8.198.

Además, sumando los 14 organismos autárquicos de la provincia, entre ellos el Banco de Córdoba, la Administración Provincial de Seguro de Salud (la obra social estatal) y la Lotería local, más la Policía de Córdoba, apenas había 34 declaraciones juradas publicadas.