La Auditoría salteña se abstuvo de opinar sobre los estados financieros del Municipio de La Viña
Fue porque no se le dio la documentación necesaria y las omisiones no pudieron ser salvadas. En el presupuesto 2012 hubo desvíos de más del 100% sin normas que autorice modificación alguna. En muchas contrataciones no se encontró constancia de los procedimientos establecidos ni comprobantes que respalden los pagos.
La Auditoría General de la Provincia de Salta “se abstuvo de opinar” sobre la ejecución presupuestaria y los estados de deuda de la Municipalidad de La Viña para el año 2011, entre otros motivos porque “no suministró toda la documentación y las omisiones no pudieron ser salvadas con procedimientos alternativos de auditoría”.
El objetivo de la auditoría fue evaluar los estados financieros y de legalidad y ver la razonabilidad de los datos de ejecución presupuestaria y del estado de la deuda. Sobre el presupuesto, el organismo de control salteño “se abstiene de opinar por no haber podido cerciorarse de la razonabilidad, integridad y suficiencia de las cifras mencionadas”.
En cuanto a la legalidad “se verificaron incumplimientos a la normativa vigente”, fundamentalmente a la Ley Orgánica de Municipalidades y a la Ley de Contabilidad.
El presupuesto del año 2012 fue aprobado a través de una ordenanza el 20 de mayo del año siguiente “autorizando un nivel de gasto de casi $7,7 millones” que fue ejecutada de la siguiente manera:
Como se puede observar, hay desvíos significativos que en algunos casos exceden el 100%. Ante esta situación la Auditoría señaló que “el Municipio no sancionó normas que autoricen las modificaciones presupuestarias correspondientes”.
Otro de los puntos que se destaca del informe es que, por ejemplo, La Viña “no tiene un sistema de registración contable integral que incluya todos los subsistemas, presupuestario, financiero, patrimonial y de gestión”.
Hay órdenes de pago, por casi $2 millones, “liquidadas y abonadas sobre las que no se efectuaron las retenciones impositivas correspondientes” a las actividades económicas ni a las ganancias.
En el interior de las órdenes se detectó que “el Ente no las emite en forma cronológica, hay órdenes de pago que carecen de la firma conjunta del Secretario, agente pagador y beneficiario”. También se observaron casos en los que “se pagaron montos superiores a los $1000, incumpliendo la legislación vigente”.
En relación a los legajos de las contrataciones realizadas por el municipio, el equipo auditor detectó que “no hay selección de procedimiento de contratación, ni los instrumentos de aprobación, ni los comprobantes que respaldan los pagos hechos”.
Particularmente, para la provisión Planta de Tratamiento de Residuos Industriales-Matadero Municipal “solo se encontró constancia documental informal de un pago por $14 mil pesos que corresponde a la rescisión contractual”. No se encontraron, dice el informe aprobado en diciembre de 2015, las constancias de los demás pagos efectuados.
