Para la Auditoría las obras en la Línea General Roca vulneraron el principio de la transparencia
En el 98% de las obras de Mantenimiento Diferido, la UGOFESA eligió al proveedor por Concurso Privado, impidiendo que haya publicidad, principio fundamental cuando se trata de fondos públicos. Bajo esta (i)lógica “se erogaron casi $145 millones” sin intervención de ninguna autoridad de aplicación.
"Para la contratación de obras y servicios el principio más vulnerado fue el de la transparencia”, afirmó la Auditoría General de la Nación (AGN) en un informe que evaluó la operación de la Línea General Roca entre el 2011 y el 2012.
Cuando en 2007 el Estado nacional decidió rescindir el contrato de concesión con Transportes Metropolitanos General Roca SA, convocó a la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia Sociedad Anónima (UGOFESA), conformada por TBA SA, Metrovías SA y Ferrovías SA, para que se haga cargo de la gestión de la Línea General Roca.
En ese marco se firmó un Acuerdo de Operación de Emergencia en el que “se omitió establecer un procedimiento para contratar los trabajos y las obras”. En consecuencia, se pactaban servicios con un procedimiento que “resultaba insuficiente para garantizar la publicidad, concurrencia, competencia y transparencia; principios que resultan fundamentales en el manejo de recursos estatales”.
El informe, aprobado en febrero de 2016, ejemplifica que para lo que es el Mantenimiento Diferido se realizaron 180 obras, con distintos grados de ejecución por casi $878 millones. Pero “en el 98% de los casos el operador eligió al proveedor por Concurso Privado de Precios”.
A ello se suma que “en tres de las contrataciones realizadas por UGOFESA, por $23 millones, solo participaron empresas del entorno vinculado como Emepa SA, Benito Roggio Transporte SA, Ecotrans SA y Expreso San Isidro SA” solo por mencionar algunas.
Además, en el marco del Programa de Obras “el 80% de los trabajos fueron realizadas con las empresas del entorno vinculado”, por lo que la AGN concluyó que “hubiera sido conveniente que se utilice el mecanismo de Licitación Pública para habilitar a otras firmas a participar”.
Otro punto crítico señalado por la Auditoría es la “falta de un régimen de penalidades y la no intervención en el análisis de las rendiciones de cuentas por parte de la ex Secretaría de Transporte que atentaron contra el mejoramiento, la seguridad y el desarrollo del sistema ferroviario”.
Conforme con el Acuerdo de Operación de Emergencia, UGOFESA “debía contratar y ejecutar todas las acciones necesarias para recuperar, mantener y operar los servicios” con la verificación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la aprobación de la Secretaría de Transporte (ST).
Del análisis de los contratos de obra surge que “no se cumplió” con algunas cuestiones de la normativa vigente en materia de contrataciones. Lo que afirma la Auditoría es que, por ejemplo, “la operadora determinaba el proceso de selección del contratista y adjudicaba las obras sin la intervención de la ST ni de la CNRT”. Es decir, “no había participación de la Secretaría sobre los procedimientos de selección, ni del órgano de control sobre la razonabilidad de los precios”. Bajo esta (i)lógica “se erogaron casi $145 millones” sin intervención de ninguna autoridad de aplicación.
Otra “ausencia” de la ex Secretaría de Transporte detectada por la AGN está vinculada con las solicitudes de recaudación de gastos de explotación presentados por UGOFESA con los fundamentos en la evolución de precios y salarios, problemas de la puesta en servicio y demás cuestiones. Los auditores detectaron que “incluso antes del período auditado, no se ve una respuesta satisfactoria de la ST, aun cuando las solicitudes del Operador son presentadas ante pedido expreso”.
La falta de resolución de la cartera frente a las solicitudes de la operadora implicó que ésta maneje discrecionalmente los gastos. En consecuencia, “se vio una disminución en la ejecución de los rubros de mantenimiento y mantenimiento diferido". La conservación de vías e infraestructura tuvo una subejecución del 32,6% mientras que en el mantenimiento de señalizaciones y telecomunicaciones fue del 60%. Por su parte, la manutención del material rodante tuvo una sobre ejecución del 10%.
Tampoco se vio la presencia de la Secretaría de Transporte ni del Estado nacional en general a la hora de “iniciar el reclamo por los daños ocasionados por la empresa TMR a la línea a seis años de haber rescindido el contrato". A diciembre de 2011 “se estimaba que el monto total involucrado era de casi $1.978 millones”.
En relación a los gastos, la Auditoría detectó que “UGOFESA realizó desembolsos por rubros que no formaban parte de los Gastos de Explotación aprobados” y, a modo de ejemplo, se menciona que “a partir del segundo semestre de 2011 se realizaron obras de remodelación por $44,3 millones sin poder verificar una autorización que las avale.
También se observaron casos de precios oportunamente presupuestados por el operador que luego, mediante nota, eran modificados. Así, “la incorporación de un paso a nivel incrementó en $29 millones un programa”.
En cuanto a la comparación de precios de las obras informadas versus los estimados hay “significativas diferencias”: el monto presupuestado era de 278 millones y el ejecutado terminó siendo de $498 millones.
En cuanto a los pasajeros la AGN señala que “entre 2008 y 2012 se registró la menor cantidad de personas transportadas pagas, siendo el 2011 el año más bajo en recaudación”. Como punto positivo, “a partir de la implementación de la SUBE y nuevos controles para prevenir la evasión se mejoró sustancialmente la recaudación”.
Post auditoría
El 10 de abril de 2013 hubo modificaciones a partir de que el Ministerio del Interior y Transporte elaboró un nuevo Acuerdo Integral con UGOFESA en el que, por ejemplo, “se estableció un régimen de penalidades aplicables a los incumplimientos”. También se llevó adelante un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires para “verificar la razonabilidad y correspondencia en las asignación de fondos transferidos y la modalidad de contratación entre octubre de 2009 y agosto de 2013 para el Roca, San Martín y Belgrano Sur”.
Por último, en febrero de 2015 se rescindieron los acuerdos de operación para que “la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado se haga cargo de la operación integral de los servicios de transporte ferroviarios de las líneas Mitre, General San Martín, General Roca y Belgrano Sur”.