Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) reveló que un ente cordobés modificó datos sobre el avance de obras públicas que se hacían en distintos pueblos de la provincia para cobrar dinero por adelantado y lograr excedentes financieros.

Se trata del Ente Intermunicipal de Desarrollo Regional (Eninder), un organismo integrado por 44 comunas mediterráneas, encargado de llevar adelante emprendimientos de infraestructura con financiación de varias dependencias del Estado nacional.

Para arribar a su conclusión, la AGN analizó los relevamientos que “presentaban periódicamente” las empresas constructoras y descubrió que “no eran esos los certificados que el ente entregaba a los municipios, sino que el Eninder confeccionaba informes diferentes con grados de avance de obra que aún no se habían alcanzado, lo cual le permitió cobrar por trabajos (hasta entonces) no realizados”.

Asimismo, el organismo de control completó que “con los excedentes financieros temporales que obtuvo el Eninder, constituyó sucesivos plazos fijos que le rindieron intereses por $ 1.587.761,74”.

 

 

El intermediario

Por otra parte, la Auditoría observó varios casos en que las comunas contrataban al Eninder para llevar adelante obras que el mismo ente tercerizaba mediante subcontrataciones; esto derivaba en que “los municipios pagaran mayores costos”, que eran cubiertos en los desembolsos que hacían organismos nacionales, como la Subsecretaría de Obras Públicas o el Ministerio de Desarrollo Social. 

Así, al comparar los montos que cada administración comunal le daba el Ente con lo que recibían las constructoras, la AGN concluyó que “por estas tareas de gestoría e intermediación el Eninder cobró, solo por las obras auditadas, la suma de $ 5.688.375, en detrimento de los Municipios”.

En el desagregado de ese monto aparecen unos $ 850 mil que ingresaron al Eninder como “comisión” por la construcción de un puente entre las localidades de Villa María y Villa Nueva, y casi $ 1,5 millón por el mismo concepto por la estructura del techo del Anfiteatro de Villa María (para más detalles, click en Descargue el Informe).

Las obras

En su informe, aprobado a fines de junio, la Auditoría General de la Nación analizó la labor de los organismos nacionales que transfirieron unos $ 158,5 millones al Eninder para la ejecución de obras durante el período 2009 hasta el primer semestre de 2012.

Entre los emprendimientos en cuestión se destacan la remodelación del mencionado Anfiteatro y la pavimentación de accesos y caminos rurales en varios municipios.

Sobre estos trabajos, la AGN apuntó que “el Eninder adjudicó obras bajo las modalidades de contratación directa y concursos de precios sin sustentación legal válida”.

La observación hace referencia a que, cuando el organismo de control hizo su investigación, la suma límite establecida por la Ley de Obras Públicas provincial para una contratación directa era de $ 40 mil; $ 180 mil para el concurso de precios; y $ 480 mil para una licitación pública. Sin embargo, se registraron operaciones que superaron varias veces esas cifras.

Por ejemplo, para la remodelación del Anfiteatro de Villa María se contrató en forma directa a cuatro empresas (Tecnología y Construcciones TYC SRL; Estudio Arquitectura SRL; Ingeniería Grupo Consultor SA; y Demadera SA) por montos que oscilaron entre $ 1,1 millón y $ 2,7 millones, superando en un 2.650% y 6.573% respectivamente los límites establecidos.

Y otro caso fue el de la pavimentación de 150 cuadras -otra vez- en la localidad de Villa María, para la que también se contrató en forma directa a TYC por $ 105.610.483,77 entre 2008 y 2009.

¿La normativa tiene excepciones? Sí. De hecho, más allá de la Ley provincial, el reglamento del propio Eninder establece que se pueden hacer contrataciones directas “cuando por el monto de la operación no se justifique un procedimiento más complejo, o cuando medien razones de urgencia”.

El tema es que, en el caso del Anfiteatro, “no surge que el Eninder haya recurrido al mecanismo de Licitación Pública, (pese a) que los valores de los contratos así lo ameritaban, y no se evidenció ninguna de las excepciones previstas por la Ley de Obra Pública Provincial”, sentencia la AGN.

Y por el lado de las 150 cuadras, el ente apoyó su decisión de contratar directamente a TYC en “razones estratégicas”, argumento que incluso figura en el inciso H del artículo 18 del reglamento del Eninder (“razones estratégicas informadas por el Director y resuelto por el Consejo Directivo”).

En este punto, la AGN enfatizó: “Ahora bien, la contratación directa es un mecanismo de compra excepcional cuya justificación no se agota en la mera mención de las normas legales, y aun así no se encontró en la documentación relevada argumentos que justifiquen las ‘razones estratégicas’ aludidas por el Eninder”.

La cosa no queda ahí. En febrero de 2009, el ente volvió a contratar a la misma empresa TYC para pavimentar 357 cuadras en otros municipios. Esta vez la operación se hizo bajo la modalidad de “concurso de precios sin publicidad-con precio tope”, que tampoco correspondía. El argumento del Eninder fue que una licitación pública demora 150 días y que ya se habían recibido fondos (desde la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación) con un plazo de 120 días para su ejecución.

La Auditoría explicó que “ese plazo establecido de 120 días corridos a los que aludió el Ente debía contabilizarse a partir del inicio de la obra y no desde la transferencia de los fondos”.

Para el organismo de control, todas estas decisiones adoptadas por el ente cordobés “afectaron el objetivo de lograr condiciones más ventajosas para el interés público”.

Sobreprecios

Según el informe de la AGN, “los costos de estas obras superaron, en promedio, en un 148% los precios de mercado vigentes al momento de la operación”.

No obstante, específicamente en el caso de los trabajos de asfaltado, la investigación dice que “en el 100% de las obras de Pavimentación incluidas en la muestra, el valor por cuadra superó en un 140% promedio el costo vigente a la fecha de firma de los contratos. Este cálculo se hizo considerando los costos de la carpeta asfáltica más el cordón cuneta tomados como referencia de la Revista ‘El Constructor’ del mismo mes de la firma del contrato (febrero de 2009) y se lo comparó con los montos transferidos por convenio por cada localidad”.

Por último, la Auditoría descubrió que de diez obras acordadas entre dependencias del Ministerio de Planificación Federal y los municipios que integran el Eninder cordobés “existieron retrasos en los plazos de ejecución en el 80% sin existir en la documentación relevada razones que justifiquen” esas esperas, y además se especifica: “Los casos con más demoras son la construcción del Puente Villa María-Villa Nueva con 28 meses de retraso, y que además llevó sucesivas adecuaciones de precios, luego le siguen obras de pavimentación de 60 cuadras en Villa Nueva y de 80 cuadras en La Carlota que tenían un plazo de ejecución de 4 meses y terminó demorándose 23 meses”.