Luego de que un diario tucumano informara que el Estado provincial afronta reclamos de exfuncionarios por unos 8 millones de pesos en concepto de vacaciones no tomadas, y tras advertir un vacío legal en esa materia, legisladores locales elaboraron un proyecto destinado a regular las licencias anuales obligatorias.

La iniciativa, impulsada por los diputados oficialistas Julio Silman y Ramón Santiago Cano, y el radical Ariel García, busca reafirmar los 15 días de descanso por año y señala, textualmente, que “el uso de la licencia será obligatorio durante el período que se conceda. Su goce no podrá ser acumulable a otro período. Y cuando por razones particulares el funcionario no hiciere uso de la vacación o la interrumpiere, se perderá el derecho por el año respectivo”.

Esta historia comenzó en abril, cuando el diario La Gaceta de Tucumán relevó que 28 funcionarios del exgobernador José Alperovich tramitaban ante la provincia sumas de dinero por los días de licencia no tomados durante sus gestiones. Los reclamos totalizaban unos $ 5,4 millones.

Además, a esta nómina se sumaron otros exmiembros del Ejecutivo provincial, cuyos expedientes -en los que se confirmaban los pagos-, fueron publicados recientemente por el Tribunal de Cuentas local, organismo que debe decidir sobre estas cuestiones.

Los pagos efectuados hasta ahora están regulados por el decreto 185, firmado el 1º de febrero por el actual gobernador Juan Manzur, que establece los requisitos para obtener la liquidación de las vacaciones no tomadas, entre los que figuran la acreditación de que la suspensión de la licencia fue por "razones de servicio" y por orden de un superior. El texto también aclara que las erogaciones, una vez autorizadas por el Tribunal de Cuentas, serán abonadas en seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

En los últimos días se plegaron al reclamo las autoridades de la anterior gestión de la Defensoría del Pueblo que no se tomaron todos los días de vacaciones que les correspondían. Se trata del exombudsman Hugo Cabral, que solicitó $ 370 mil, y los adjuntos Roberto Luis Sollazzi ($ 350 mil), y Eduardo El Eter ($ 143 mil), todos por los períodos 2014 y 2015. Mientras que el ex asesor legal de esa repartición, Julio Ricardo Picabea, busca que le liquiden unos $ 207 mil.

Hasta ahora, el Tribunal de Cuentas no habilitó esos pagos. En todos los casos exigió la presentación de copias autenticadas de los recibos de sueldo y la fuente de financiamiento para afrontar la erogación. Si el ente de control da por válidos los trámites, las ex autoridades de la Defensoría del Pueblo tendrán derecho a percibir esos haberes durante los próximos seis meses.

Otros que también elevaron sus reclamos fueron el exinterventor del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym), David Mizrahi, que pidió $ 285 mil, junto a la también exfuncionaria de la misma repartición, Eleonora Rodríguez Campos, que solicitó $ 198 mil.

No obstante, el 19 de mayo el Tribunal de Cuentas rechazó los pagos de estos últimos dos casos porque no cumplieron con los requisitos establecidos.

Los tres legisladores que buscan regular las licencias coincidieron en que, con su proyecto, pretenden limitar los reclamos de los funcionarios salientes resguardando los fondos públicos.