El Estado porteño “debía relocalizar 3187 familias, sin embargo solo logró brindarle una solución habitacional a 427, lo que representa el 14,16% del total”. Ante esta situación la Auditoría General Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) concluyó que hay “un lento avance en la materia”.

La Unidad de Proyectos Especiales ACUMAR de la Auditoría elaboró un informe que evalúa el desempeño en la materia de la Ciudad en período 2011-2015. El Plan Integral de Saneamiento Integral (PISA) cuenta con 14 líneas de acción  y una de ellas es, justamente, la Urbanización de villas y asentamientos precarios.

Para este ítem se invirtieron $673 millones hasta 2014, lo que “equivale al 40,72% del total del presupuesto aportado por la CABA para la cuenca”. Es decir, que pese a haber recibido cuatro de cada diez pesos aportados por la Ciudad, tuvo efectividad menor al 15%.

Riachuelo: ¿cuántas familias relocalizó el Estado porteño?


Hasta diciembre de 2015 además de las 427 finalizadas había “1349 viviendas en demanda, 1141 en ejecución, 54 rescindidas y 29 a iniciar”. Para los auditores, “los incumplimientos en la normativa vigente y la débil formulación de los proyectos explican las demoras en la ejecución”. Todas las obras están bajo la responsabilidad del Instituto de Vivienda de la Ciudad.

En el asentamiento Rodrigo Bueno “había 350 viviendas demandadas hasta noviembre de 2015”. En la Villa 21-24 “eran 677 las viviendas en demanda, con nombres de obra ya designados, mientas que en la Villa 26 había 125 terminadas, 64 en ejecución y 94 obras rescindidas”. El informe elaborado por la AGCBA también detalla ell estado de los trabajos en el Asentamiento Lamadrid, Luján, Magaldi, El Pueblito y Villa Cartón.

A rasgos generales, el organismo de control señala que muchas de las tareas de ingeniería, que tuvieron inicio en el 2001, “registraron una lentitud en la formulación y la ejecución de proyectos”. De hecho, “hubo contrataciones de obras que se hicieron con anteproyectos y sin estudios previos que permitan identificar interferencias y detectar problemáticas propias de la construcción”.

También se detectaron “debilidades en los controles que se les realizaba a las cooperativas de trabajo encargadas de la recolección y la limpieza del riachuelo”. 

Como punto positivo la AGCBA señala que “es indudable la recuperación de áreas degradadas como el camino de sirga y la disminución de los niveles de contaminación en la calidad del aire y del agua”.