Tras siete años de una investigación judicial por el uso de las regalías mineras en la localidad catamarqueña de Andalgalá, en la que estuvieron involucrados varios exfuncionarios por un supuesto daño al erario público de 20 millones de pesos, actualmente la causa se encuentra paralizada y el único que está en condiciones de ser indagado es, justamente, el exintendente del pueblo, José Perea.

Pero para entender parte de esta historia hay que remontarse a 2005. Ese año, el Tribunal de Cuentas de la provincia emitió una acordada mediante la cual disponía que todos los municipios que recibieran fondos de la minería debían informar al organismo de control cómo administrarían ese dinero, es decir, en qué obras y proyectos productivos se iban a ejecutar los recursos.

Desde entonces, Andalgalá, un pueblo ubicado a 250 kilómetros de la capital provincial, se transformó en uno de los que más fondos recibió de los emprendimientos extractivos, contabilizándose unos 66,5 millones de pesos solamente entre 2005 y 2010.

El problema fue que, también desde entonces, el municipio comenzó a no cumplir con lo establecido en aquella acordada; las crónicas de entonces señalaban que, si bien la comuna elaboraba varios proyectos de inversión y capacitación, que incluso eran aprobados por el Concejo Deliberante local, luego incumplía con el requisito de presentar rendiciones de esos gastos al Tribunal de Cuentas que, en consecuencia, comenzó a auditar el manejo de los fondos.

El organismo de control realizó dos investigaciones, en 2007 y 2008, sobre el destino que las municipalidades catamarqueñas le daban a las regalías y, en ambos casos, el diagnóstico fue el mismo: con el dinero se cubrían gastos corrientes, como el pago de sueldos y aguinaldos, que buscaban “paliar desequilibrios fiscales”, en lugar de financiar obras de infraestructura o capacitaciones para proyectos productivos, como lo indicaba justamente la Ley de Minería.

La situación, que no se limitaba a Andalgalá sino que también ocurría en otros pueblos, devino en una suerte de crisis institucional a fines de 2009, cuando dos concejales denunciaron que el municipio no rindió gastos ante el Tribunal de Cuentas y que se estaba en presencia de posibles desvíos de dinero en al menos 24 hechos vinculados a la ejecución de los fondos en cuestión.

Pronto, la justicia se hizo eco de la presentación de los ediles y, para completar el cuadro, el ente de control prometió una auditoría ni bien terminara la feria judicial.

Por eso, el lunes 15 de febrero de 2010 estaba previsto que los miembros del Tribunal de Cuentas se instalaran en la Municipalidad de Andalgalá para iniciar su examen. Pero un hecho, también vinculado a la minería, alteraría todos los planes.

Resulta que ese día coincidió con una multitudinaria protesta frente a la comuna y en contra del funcionamiento de una empresa minera llamada Agua Rica que, decían entonces, tenía un nivel de producción diez veces mayor en comparación a uno de los colosos del rubro, La Alumbrera.

Tan concurrida fue la marcha que las autoridades convocaron a la policía y, ante semejante escenario de tensión, los incidentes no tardaron en llegar: hubo represión, palazos, gases lacrimógenos, heridos con balas de goma y la destrucción de varios locales comerciales del centro del pueblo.

La cosa no quedó ahí. Esa misma noche de lunes, los manifestantes volvieron a la municipalidad para continuar con su protesta y los hechos se repitieron, con un agregado que complicó todo: nunca se sabrá si fue una decisión de las autoridades comunales, o bien producto de los mismos incidentes, pero lo cierto es que cerca de la medianoche se cortó la luz de todo el pueblo, lo que sumó dramatismo a los hechos que se vivían en la plaza central.

Lo ocurrido fue considerado por los medios nacionales como una “pueblada” cuyo hecho más trascendental (además de los heridos), fue el incendio de la propia municipalidad.

A la consternación por un cuadro caótico sobrevinieron las sospechas. Es que, entre lo que se perdió con las llamas, estaban los papeles que el Tribunal de Cuentas iba a auditar ese mismo día para determinar qué pasó con las regalías mineras. Un dato alimentó aún más las suspicaciasfue que las primeras oficinas que se prendieron fuego fueron, justamente, las de Rentas y Contaduría.   

No obstante, la justicia avanzó con lo que tenía a mano en una causa que, para mediados de 2010, ya tenía imputados a cinco funcionarios de Andalgalá: el secretario de Gobierno Héctor Ariel Giordani; el de Hacienda Roberto Némer; la directora de la misma área, María de los Ángeles Araya; el jefe de la oficina Contable Luis Darío Ramírez; y el fiscal municipal Daniel Oscar Farroni.

Otros de los implicados, por un supuesto desvío de 20 millones de pesos, era el intendente José Perea. El tema fue que el avance de la causa demoró lo suficiente como para que, en 2011, el feje comunal dejara el cargo y asumiera una banca como senador provincial, que incluía fueros parlamentarios.

La causa fue instruida por supuesto “incumplimiento de deberes de funcionario público”, por no informar al Tribunal de Cuentas el destino de los fondos mineros. Sin embargo, el tiempo pasó y, como el plazo de prescripción de un expediente es equivalente a la pena máxima de la figura que se investiga (en este caso, no mayor a los cuatro años), para fines de 2014 aquellos funcionarios implicados vieron caer sus imputaciones.

En el mientras tanto, el exintendente Perea nunca fue indagado y ganó tiempo apelando los sucesivos pedidos de desafuero que le llegaban desde la propia justicia.

Tras su paso por el Senado provincial, el exjefe comunal perdió los fueros en el último recambio de autoridades, en diciembre de 2015. Recién cuatro meses después, a fines de marzo de este año, se dictó lo que se conoce como “pérdida de materia”, es decir, la caducidad de esa protección parlamentaria y el expediente volvió a la fiscalía que llevaba adelante la instrucción.

No obstante, hasta esta semana no hubo novedades sobre el avance de la investigación y se desconoce si Perea será finalmente citado a indagatoria.