Tras contabilizar más de 60 mil deudores de impuestos provinciales, la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) lanzó un plan de regularización que culminará el próximo viernes 17 de junio y que podría enviar a juicio a unos 3 mil contribuyentes.

La iniciativa de la ATER comenzó con la invitación a varios de los ciudadanos, quienes figuraban como morosos pese a contar con mayor capacidad contributiva, para que se acojan a planes de moratoria proyectados por la provincia.

Más tarde, el organismo tributario fijó un plazo perentorio a los deudores para que normalizaran su situación, bajo pena de llevar sus casos a instancias judiciales.

Luego de esta primera etapa, cuando se arribó a la cifra de 3.000 contribuyentes que no se avenían a la regularización -a pesar de las facilidades que ofrecía el plan-, llegó el momento de enviarles los llamados cedulones rojos, una suerte de papeletas -bastante llamativas- con el objetivo de alertarlos aún más sobre el límite de la moratoria.

A 10 días de la finalización del plazo, desde la ATER ya adelantaron que esos deudores serán enviados a juicio, en procesos que prevén, además, el embargo de las cuentas bancarias.

Paralelamente, trascendió que dentro del organismo está en estudio la posibilidad de publicar en internet el listado completo de los principales deudores de tributos provinciales que, en caso de llevarse adelante, se iría actualizado en forma mensual.

Para completar, el equipo de gestión de la ATER informó que impulsarán más acciones tras la moratoria, en el marco del eje Transparencia del Plan de Gestión, que el propio ente tributario impulsó desde este año.

En ese sentido, el director de Asuntos Jurídicos, Eduardo Ferreyra, explicó: "Tras el plan, se intensificarán los programas de trabajo que se vienen delineando con los organismos de control sobre temas como compensaciones fraudulentas, mecanismos de valuación, otorgamiento de exenciones en diversos impuestos, cruces de información, rendiciones de cuentas de años anteriores, revisión de claves informáticas, entre otras, donde el principal objetivo será despejar cualquier manto de sospecha sobre el accionar del ente recaudador”.