Para todo el 2014 las Unidades de Atención Ciudadana (UACs) debían atender a 3,8 millones de personas. Sin embargo, un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) revela que apenas “alcanzaron a atender a 1,3 millones”, por lo que se deduce que “hubo un desvío de la metas previstas y alcanzadas del 65%”.

Las UACs tienen entre sus funciones dar turnos, recibir denuncias o reclamos, brindar información sobre trámites o derivar los turnos de la línea 147 y los pedidos por la Web de la Ciudad, solo por mencionar algunas.

Todas estas tareas “las realiza a través del Sistema NQ de Administración de Colas que, si bien fue adquirido por la Dirección General de Atención Vecinal, ambas comparten su uso”. Una de las consecuencias de la utilización conjunta, según observó la AGCBA, “es la utilización de distintas denominaciones para una misma categoría”.

Por ejemplo, los trámites vinculados a defensa al consumidor se identificaban bajo los siguientes nombres: defensa al consumidor, defensoría al consumidor, defensoría del consumidor y defensa del consumidor. De hecho, “de un listado general de 70 clasificaciones los auditores lograron depurarlas en no más de 15”.

Esta multiplicidad, dice el informe que evaluó el 2014, “dificulta la exportación de estadísticas claras y confiables que faciliten la rápida toma de decisiones y la evaluación de la gestión”.

Las Unidades de Atención Ciudadana funcionan en las Sedes Comunales. La Auditoría recorrió algunas de ellas. Sobre la sede de la Comuna 2 destacó “la falta de señalización que le permita a los vecinos identificarla”. Está ubicada en el 3° y 4° piso del shopping Recoleta Mall, ubicado en Vicente López 2050.

Algo similar ocurre con la Sede Comunal 5 que “está en el lateral de una plaza seca, con muros perimetrales en el resto de sus laterales, sin ninguna señal de su existencia”.

Las UACs fueron creadas en 2011 bajo un decreto que “no prevé la figura de un responsable para cada unidad ni un rango escalafonario”. En consecuencia, “no cuentan con designación formal de los coordinadores”. Además, “la responsabilidad asignada a las Unidades tienen un carácter indefinido”.

Por otro lado, “la estructura orgánica no cuenta con suficientes responsabilidades que contribuyan al control interno”. A esta situación se suma que “los protocolos con los ministerios que tienen a su cargo los servicios desconcentrados no están formalizados, de modo tal de poder establecer las características de cada trámite”.