Nación tardó cuatro años para hacer obras que eviten inundaciones
Hubo casos que demoraron más de 1400 días pese a que se había extendido el plazo de los trabajos. Las readecuaciones de los precios desnaturalizan el espíritu de la Licitación Pública ya que “en muchos casos resulta un proyecto distinto”. Además, no hay criterios ni parámetros para seleccionar las obras a hacer, solo basta que las jurisdicciones lo pidan.
Hay obras de infraestructura para prevenir inundaciones que “registraron una demora de hasta cuatro años”, según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que evaluó el uso de los fondos del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica (FIH) durante cinco años, entre 2008 y 2012.
La Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH) es la autoridad nacional en esa materia y, como tal, tiene a su cargo el Plan Federal de Control de Inundaciones cuyo objetivo es “generar obras de infraestructura en todas las jurisdicciones del país para que disminuya la frecuencia de las inundaciones y proteger así las vías, ferrocarriles, centros urbanos y zonas productivas”.
El Plan es financiado con el Fideicomiso y los trabajos se llevan adelante a través de dos modalidades: las que están “íntegramente dirigidas y controladas por el Estado nacional a través de la Subsecretaría” y las que “se dan por convenios con las provincias que solicitan el financiamiento, pero con el control de la SSRH”.
El Plan Director Santa Fe, por ejemplo, comenzó en mayo de 2007 y debía finalizar en abril de 2010. No obstante, según pudo constatar el equipo auditor “demoró más de cuatro años en finalizar los trabajos, lo que significa un desvío temporal de 147%”.
También hubo obras que pese a tener aprobados incrementos en los plazos de finalización de obra, también registraron años de demora. Es el Caso de la obra Defensa Sur Corrientes, que se realizó mediante un convenio con la Provincia. La fecha de inicio de los trabajos “era marzo de 2001, debía finalizar en marzo de 2002, pero por una ampliación acordada con la Subsecretaría de Recursos Hídricos se extendió el plazo a mayo de ese año”. Sin embargo, “la obra finalizó en abril de 2006”, es decir casi 4 años después.
En algunos casos, señala la AGN, que “debido a las readecuaciones y redeterminaciones de los precios que fueron tramitando, desnaturalizan el espíritu de llamado a Licitación Pública”, ya que “en muchos casos termina siendo un proyecto distinto, de mayor envergadura”.
El informe, aprobado a principios de 2016, deja en evidencia “las falencias de la Subsecretaría en su rol supervisor de obras”. El dato se desprende de los 310 informes a los que la Auditoría tuvo acceso, hubo 39 informes pedidos que no fueron brindados por el organismo auditado.
En el 54% de los legajos se encontraron falencias como “falta del avance físico y/o financiero de la obra, confusión entre ambos adelantos, faltas de firmas, sellos y fechas, carencia de homogeneidad en los informes de supervisión”, entre otras.
Este tipo de problemas “impactan en otras áreas que toman los datos de esos informes para sus tareas”, como por ejemplo, el cobro de los certificados de obras.
Un caso emblemático de las múltiples observaciones que realizó la AGN se dio en Animaná, Salta. Allí se hizo una obra para reparar y construir defensas, encauses y, a su vez, levantar un puente peatonal y vehicular sobre el río San Antonio.
Éste último “no estaba instalado” por lo que se evidencia que “la obra iniciada a mediados de 2011, al cierre de la auditoría, estaba inconclusa”. Ante esta situación es evidente “el desfasaje entre el avance físico y el real” ya que en el expediente “figura un avance físico del 95% a junio de 2012 y no se condice con lo observado por los auditores en febrero de 2014”. Ejemplo suficiente es el puente que no estaba y, encima, las piezas para ensamblarlo estaban en “un precario estado de conservación”.
El equipo de auditoría detectó que “a más de la mitad del plazo se le otorgó el trabajo a una nueva contratista, pero no se evidenció trabajo en la zona”. A su vez, “la documentación técnica y contable de la obra no se encontraba en el Municipio” y había “debilidades administrativas” como firmas de funcionarios de la SSRH tachadas y facturas duplicadas.
Por último, la Auditoría Nacional constató que “no hay criterios y parámetros que permitan determinar prioridades para la selección y posterior ejecución de obras”. De hecho no solo no figuran en el Plan Estratégico Territorial - Argentina en el Bicentenario, sino que las autoridades del organismo auditado indicaron que “los proyectos se financian a medida que son solicitados por los funcionarios de cada provincia o jurisdicción sin hacer referencia a planes o programas estratégicos”.
