Si bien la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un sistema “fuertemente institucionalizado”, “existen importantes deficiencias que se verifican en los niveles de implementación del marco legal vigente y en su efectiva aplicación en la Administración Pública Local”. Esta afirmación se desprende del informe Sistema de Integridad Local (LIS) que realizó Poder Ciudadano y que publicamos la semana pasada en El Auditor.info.

A pesar de que en todos los niveles del distrito existen –en general- los recursos para llevar adelante las funciones gubernamentales en condiciones de "integridad", se obervan “importantes debilidades en cuanto al cumplimiento de funciones y en el despliegue efectivo de los mecanismos de gobernanza interna”, aseguran los investigadores.

Poder Legislativo

En la nota anterior, habíamos anticipado que una de las observaciones de la Fundación era que por parte del Ejecutivo se destacaba el “uso excesivo del veto a normas emanadas de la Legislatura” y la “no reglamentación de leyes sancionadas”, -como es el caso de la propia Ley de Ética Pública que tardó un año en ser reglamentada-.

En este escenario, el trabajo aconseja “fortalecer la autonomía del Poder Legislativo y su relación con el Ejecutivo por medio de una legislación que fije plazos para la reglamentación de las leyes promulgadas” (Proyecto de Habeas Norma).

Ahora bien, también se detectaron “debilidades técnicas” con respecto a la función de “supervisión” que tiene el Poder Legislativo sobre el Ejecutivo.

Frente a esta falencia, Poder Ciudadano recomienda “fortalecer, por medio de mecanismos institucionales, la capacidad de los legisladores locales para el efectivo control del Poder Ejecutivo” así como “capacitar” a los funcionarios porteños “en materia presupuestaria” para mejorar el control de lo solicitado y realizado por la Jefatura de Gobierno en cuanto a “gastos y recursos”.

Poder Ejecutivo

En lo vinculado a los mecanismos efectivos de control sobre el funcionamiento de la burocracia y los negocios a nivel local, la implementación de los mismos es “ineficiente e ineficaz para llevar adelante el mandato”.

Así –sostiene el relevamiento-, el panorama se tiñe de “improvisación y ausencia de abordaje sistemático en lo referido a los controles sobre los negocios en CABA” y forma “un movimiento claramente regresivo en las últimas modificaciones al régimen de compras públicas”. 

En este contexto, se aconseja implementar “sistemas de incentivos para el aumento de los estándares de integridad en las instituciones vinculadas con compras y regulación de negocios locales”.

Con respecto a la rendición de cuentas, la investigación certifica que si bien hubo un “progresivo proceso de apertura de información”, en la práctica es “desigual” debido a la “variada calidad de las respuestas aportadas en función de la Ley 104 de Acceso a la Información Pública”. Aunque la Ley de Ética Pública reforzó la normativa, solamente la presentación de declaraciones juradas es aplicada correctamente, aunque “existen dificultades para acceder a las mismas”. 

La Fundación recomienda entonces, “capacitar a los agentes que deben dar cumplimiento a las respuestas demandadas vía la Ley 104 en los criterios para cumplir con los estándares del Derecho a la Información Pública en el ámbito de CABA, unificando entre dependencias las pautas y calidad de las respuestas generadas”.

El informe también halló “debilidades” en el cumplimiento y control de las previsiones de la Ley de Empleo: “falta de transparencia en el ingreso a la función pública”; “endeblez en las garantías de independencia y seguridad en el empleo”; e “incumplimiento de la inclusión de personas con discapacidad”.

A esta situación se le suma la “denuncia permanente por parte de medios y sindicatos de empleados sin tareas o funciones asignadas, en paralelo a déficits en la cantidad de empleados o funcionarios necesarios en áreas sensiblemente particulares, tales como salud o educación”.

El consejo frente a esta irregularidad es “aumentar los niveles de transparencia sobre las contrataciones de personal, posibilitando la fiscalización y el monitoreo de la cantidad de contratados, el estado de situación de los concursos existentes y la justificación para la generación de contratos como mecanismo de vinculación laboral con el Estado local”.

Poder Judicial

El tercer Poder del gobierno porteño se encuentra en “estado de transición en relación a su capacidad y rol en la investigación y persecución de delitos contra la Administración Pública Local”. Esta competencia fue efectivamente delegada desde el nivel nacional y su demora responde tanto a razones políticas como económicas.

Poder Ciudadano cree en la necesidad de “promover el efectivo traspaso de competencias en materia penal de Nación a Ciudad para la investigación y juzgamiento de delitos contra la Administración Pública local”.