Argentina es menos corrupta según el último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), llevado a cabo por Transparencia Internacional (TI). El informe califica a 180 países y territorios a partir de encuestas realizadas a expertos y empresarios utilizando una escala de 0 (siendo éste el valor más negativo) a 100 (mayor transparencia).

Los resultados arrojaron que más de dos tercios obtuvieron puntuaciones menores a 50, con una media de 43. En comparación con 2012, solo 22 países mejoraron significativamente su calificación, entre ellos Estonia, Grecia y Guyana y otros tantos; como Australia, Canadá y Nicaragua; empeoraron en ese mismo período.

En particular Argentina sumó 45 puntos y pasó del lugar 85 en el ranking de 2018 al 66 el último año, convirtiéndose en la mejora más notable desde el 2012. 

Argentina obtuvo la mejora más notable desde el 2012.

Comparado con los evaluados del continente americano, nuestro país se ubica en el puesto 13 sobre 32. La lista la encabeza Canadá (77) seguido por Uruguay (71), Estados Unidos (69) y Chile (67).

En el otro extremo, los más corruptos son Honduras (26), Nicaragua (22), Haití (18) y Venezuela (16). Brasil, con 35, obtuvo la calificación más baja desde 2012.

A nivel global, los mejores posicionados son Nueva Zelanda, Dinamarca (87 respectivamente) y Finlandia (86), mientras que los últimos de la tabla son Siria (13), Sudán del Sur (12) y Somalia, con solo 9 puntos.

Qué se analizó

El análisis de TI revela que "la corrupción es más generalizada en aquellos lugares donde el dinero tiene influencia en el poder político". Aún en las economías más avanzadas del mundo, existen signos de estancamiento o retrocesos en sus esfuerzos para transparentar la situación, de acuerdo con el Índice.

Del mismo modo, sostienen que cuando las elecciones y la financiación de los partidos políticos son sometidos a la influencia indebida de intereses particulares, hay menos posibilidades de reducir la problemática.

“La falta de confianza en las instituciones refleja la necesidad de una mayor integridad política”, sostiene Delia Ferreira Rubio, presidenta de la ONG, y agrega: “Los gobiernos deben afrontar urgentemente el rol corruptor de los grandes capitales en la financiación de los partidos políticos y la influencia indebida que se ejerce en nuestros sistemas políticos”.

El índice que realiza Transparencia Internacional califica a 180 países y territorios.

En este sentido, cabe señalar que cuatro países del G7 redujeron sus valoraciones en relación con el año pasado: Canadá (-4), Francia (-3), Reino Unido (-3) y Estados Unidos (-2). Alemania y Japón no experimentaron ninguna mejora, mientras que Italia aumentó un punto.

El informe demuestra que los territorios que tienen un buen desempeño en el IPC cuentan con reglamentación sobre la financiación de campañas electorales y con procesos de consulta participativos. Éstos obtienen una calificación media de 70 en el ranking, mientras que los que no cumplen, oscilan entre 34 y 35 puntos. 

Para la directora ejecutiva de TI "la falta de un progreso real contra la corrupción en la mayoría de los países es decepcionante"

Del mismo modo, el 60% de los países que mejoraron significativamente sus valoraciones desde 2012 también fortalecieron sus normas sobre las donaciones a la propaganda política.

“La falta de un progreso real contra la corrupción en la mayoría de los países es decepcionante y tiene profundos efectos negativos en la ciudadanía mundial”, asegura Patricia Moreira, directora ejecutiva de Transparencia Internacional y manifiesta que "para mejorar la vida de las personas hay que acabar con la relación entre la política y los grandes flujos de dinero". "Toda la ciudadanía debe estar representada en los procesos de toma de decisiones”.

Recomendaciones

Para reducir la corrupción y recuperar la confianza en la política, Transparencia Internacional señala que los gobiernos tienen que monitorear la financiación política y terminar con el trato preferencial para garantizar que la prestación de servicios y la distribución de los recursos públicos no respondan a conexiones personales ni estén sesgados hacia determinados grupos de interés.

También propone gestionar los conflictos de interés, regular las actividades de lobby, fortalecer la integridad electoral sancionando las campañas engañosas, empoderar a la ciudadanía, proteger a los activistas y periodistas, reforzar los sistemas de control y promover la separación de poderes.