La AGN cuestionó el acuerdo con el FMI
Con disidencia, la Auditoría General de la Nación aprobó un informe que sostiene que el préstamo de 2018 no fue autorizado por ninguna autoridad competente y que no se realizó ningún análisis técnico. Además, asegura que el 30% de los dólares recibidos quedaron fuera del presupuesto.
La primera sesión de mayo del Colegio de Auditores no fue una más. Por primera vez en 30 años, la Auditoría General de la Nación (AGN) auditó un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Durante la jornada, se aprobó un informe de auditoría referido a la Deuda Pública Acuerdo con el FMI, precisamente sobre su impacto y sostenibilidad. El trabajo se dio en el ámbito del Ministerio de Economía y del Banco Central de la República Argentina, y el periodo auditado abarcó desde enero de 2018 hasta diciembre de 2019.
El encargado de presentar el informe fue el auditor general, Javier Fernández, quien no dudó en asegurar que el trabajo “marca un antes y un después en materia de control de la deuda pública argentina”.
El préstamo en cuestión fue de U$S56.000 millones y se acordó que sería cancelado en 36 meses. Según la explicación de la AGN, ese tipo de acuerdos son solicitados para solucionar problemas transitorios de balanza de pago, según el estatuto del FMI. Sin embargo, el gobierno argentino “lo tramitó para fines presupuestarios; una finalidad diferente a lo establecido por el Fondo”.
Uno de los principales hallazgos del informe, y que generó la disidencia de los auditores no peronistas, tiene que ver con que el préstamo no fue autorizado por ninguna autoridad competente. “El acuerdo fue firmado por el Ministro de Hacienda, que no poseía la facultad”, explicó Fernández.
Además, el informe asegura que “no se implementaron los procedimientos naturales de este tipo de préstamos” y que “no existen traducciones oficiales de la versión original, ni de sus modificaciones”, tal cual lo establece la Ley.
“El Ministro de Hacienda no hizo un análisis técnico para evaluar las variables financieras, los costos, riesgos y plazos de cancelación, ni la sostenibilidad del endeudamiento”, detalla el trabajo de los auditores.
En cuanto a los dólares recibidos, el informe reveló que “de los desembolsos de 2018, U$S13.000 millones no fueron ingresados al presupuesto, quedando en un limbo la situación de esas divisas”.
“Esta situación debió ser advertida en las revisiones del FMI, pero no consta el envío de la rendición de cuentas como establece el convenio”, agregó el auditor Fernández.
Las conclusiones de la auditoría revelaron que “el monto de la deuda con el FMI dejó la situación fiscal de Argentina expuesta a un significativo riesgo de devaluación de la moneda” y que “el crédito obligó al refinanciamiento de 2022 debido a las exigencias que se firmaron y el escaso plazo para su devaluación”.
“Según el convenio, los reclamos quedan sujetos a las leyes de Estados Unidos para dirimir posibles consecuencias”, concluyó Fernández.
Aprobado con disidencia
El informe fue aprobado con disidencia, con cuatro votos positivos y tres negativos. El auditor general, Alejandro Nieva, explicó que la discrepancia es total en relación de las conclusiones.
“El error básico es que se está mirando una fotografía, cuando esto es una película. El problema de la deuda en el país es una sucesión que ha tenido altos y bajos”, analizó Nieva, quien además aseguró que el préstamo fue “imprescindible”.
En esa línea, el auditor Pichetto consideró que “el Ministro de Hacienda tenía facultades plenas para firmar el convenio” y recordó que desde 1983 en adelante “nunca hubo en el Congreso de la Nación una evaluación de endeudamiento con el fondo o con algún organismo internacional”.
Otros informes
Durante la jornada, también se aprobó un estudio especial sobre transferencias de fondos nacionales a provincias, municipios y sector privado durante los ejercicios 2018 y 2019.
Además, se trató y se aprobó un informe de auditoría sobre la Meta 2.5 de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, en materia de promoción y producción de semillas, en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Instituto Nacional de Semillas entre 2016 y 2020.