En 2004, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 1463, que estableció la “Semana del Consumidor y del Usuario”, comprendida entre el 15 y el 22 de marzo. Bajo ese marco se llevó a cabo este año el “Primer Congreso Internacional sobre Consumo, Administradores de Consorcios y Turistas”.

El encuentro reunió a especialistas, funcionarios, asociaciones de consumidores, profesionales y referentes internacionales en la materia. “Debemos educar a los consumidores. Cuanto más informados estén, más empoderados", destacó Juan Antonio Travieso, profesor titular de las cátedras de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos y Garantías de la Facultad de Derecho de la UBA.

Además, los expositores alertaron sobre los efectos negativos que ya genera en usuarios y consumidores la disolución del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC).

Las jornadas incluyeron paneles sobre políticas de protección al consumidor, acceso a la Justicia, sobreendeudamiento, el impacto de la inteligencia artificial y la neurociencia en los consumidores, consumidores con vulnerabilidad agravada, consumo sustentable, apuestas online, protección de turistas y relaciones de consumo en la administración de consorcios, entre otros.

El desarrollo de la jornada coincidió con la difusión de un trabajo de la consultora Scentia que da cuenta de una caída del 9,8% en el consumo masivo a nivel país durante febrero, una baja que se da de manera consecutiva hace 15 meses. 

¿Por qué se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor?

El 15 de marzo de 1962, el entonces presidente de Estados Unidos John F. Kennedy sorprendió al mundo cuando proclamó ante el Congreso: “Por definición, todos somos consumidores”.

En conmemoración de aquel histórico discurso, el 15 de marzo de 1983 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebró por primera vez el “Día Mundial de los Derechos del Consumidor”.

Finalmente, en 1985 la ONU estableció las primeras directrices con el fin de establecer un marco de protección internacional a los consumidores, reivindicando, reconociendo y legitimando el derecho a la seguridad, a la información, a la libertad de elección y a ser debidamente escuchados, entre otros.

En Argentina, la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, sancionada en 1993 y modificada en varias ocasiones, fue la piedra angular de toda la protección a los consumidores. Adquirió rango constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994, tal como lo establecen los artículos 42 y 43 de la Carta Magna, y el artículo 46 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.