En Argentina existen aproximadamente 850.000 PyMEs, entre personas jurídicas y humanas, que están inscritas como empresas en el respectivo régimen de fomento. De ese total, aproximadamente 650.000 son empleadoras y unas 275.000 son personas jurídicas. 

Desde 2018 se encuentra vigente la Ley N° 27.401, que hace responsable a las personas jurídicas de ciertos delitos asociados con la corrupción, ya sea por haber intervenido o por haberse cometido en su nombre, interés o beneficio. En este sentido, la norma promueve que implementen programas de integridad. Ese mismo año, la Oficina Anticorrupción (OA) publicó los lineamientos para su diseño, puesta en práctica y evaluación.

Recientemente, la OA difundió una guía complementaria para llevar a cabo ese programa, que tiene por objetivo brindar herramientas e instrumentos prácticos que puedan ser aplicados por las PyMEs, contemplando las particularidades propias del sector.

Son consejos para que analicen en qué medida cuentan con programas de integridad adecuados a sus riesgos, dimensión y capacidad económica; o bien para que incorporen nuevos o mejoren los existentes. 

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El documento propone un esquema de seis pasos para elaborar un programa de integridad.

Ley 27.401

La norma establece el régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal. Las penas que tendrán aquellos que cometan estos ilícitos están relacionadas, principalmente, con la suspensión de las actividades de las firmas involucradas.

La Oficina Anticorrupción señala que "un código de ética puede ayudar a construir legitimidad frente a los propios empleados y mejorar su lealtad ante la empresa”.

¿Cuáles son los delitos que alcanza la ley? El cohecho, soborno transnacional, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, concusión- exigir a un particular una contraprestación indebida en nombre y a beneficio del Estado-, enriquecimiento ilícito, entre otros. 

Según la OA, es importante que las PyMEs incorporen un programa de integridad porque “pueden verse más expuestas a riesgos de corrupción que las empresas multinacionales”. También señaló en su guía que “un código de ética en particular puede ayudar a construir legitimidad frente a los propios empleados y mejorar su lealtad ante la empresa”.

Para la Oficina “la lucha contra la corrupción requiere el compromiso y la acción de todos los sectores y no puede ser llevada adelante por un solo actor de forma individual”. Esto hace referencia a que las pequeñas y medianas compañías no pueden quedar excluidas de la lucha generalizada, integrada por empresas multinacionales y los distintos gobiernos dentro de la Argentina.