¿Tienen presupuesto los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
La iniciativa de la ONU, que apunta a mitigar el cambio climático y la desigualdad entre otras cuestiones, no se limita a lo testimonial y tiene su correlato en las gestiones de los Estados. Un área del Congreso analizó el uso de fondos en materia de agua y saneamiento.
La vigencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU pone a los países adherentes ante el desafío de convertir lo abstracto en concreto, es decir, apuntar sus gestiones hacia metas vinculadas con la mitigación del cambio climático y la desigualdad, entre otras cuestiones.
Y, en este marco, vale preguntar si los ODS tienen presupuesto propio asignado por el gobierno argentino. La respuesta es, al mismo tiempo, sí y no.
Es que, si bien no existen partidas específicamente dedicadas a la iniciativa de la ONU, la amplitud de los Objetivos genera que varios Ministerios y programas deban aportar recursos para que las metas planteadas no queden limitadas a lo testimonial.
Para conocer más detalles sobre cómo se administran los fondos públicos en función de los Objetivos, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) elaboró un informe sobre la asignación y ejecución de recursos asociados con los ODS 6 y 7, pensados, por un lado, para “garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos”, y, por el otro, garantizar el acceso a energías limpias.
En esta oportunidad, ElAuditor.info se centrará en lo relativo al ODS 6.
El capítulo argentino
En el país, el ODS 6 tiene dos metas: por un lado, la 6.1, que pretende lograr para 2030 el acceso universal y equitativo al agua potable a precio accesible, y la 6.2, que apunta a llevar los servicios de saneamiento a toda la población y, así, poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres, niñas y personas en situación de vulnerabilidad.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) elaboró un informe sobre la asignación y ejecución de recursos asociados con los ODS 6 y 7.
Con respecto a la primera meta, la foto más actual con la que se cuenta es la Encuesta Permanente de Hogares del cuarto trimestre del año pasado: ese estudio del INDEC habló de una cobertura del 88,6% en los 31 aglomerados principales. En números, ese 11,4% restante sin acceso representa cerca de 3,1 millones de personas, de las cuales el 95,2% reside en el Gran Buenos Aires.
Frente a ese desafío, el ODS tiene un objetivo intermedio: lograr en 2023 un 100% de cobertura. De acuerdo con la proyección poblacional del INDEC, ese aumento implicaría incorporar 9,5 millones de personas respecto de la población servida en 2015 (año tomado como línea de base para el indicador)
Para tener una magnitud de semejante aspiración, la investigación de la Oficina del Congreso aporta que entre 2001 y 2010 se sumaron al servicio unas 3.070.000 personas, es decir, que debería multiplicarse por tres el universo atendido en un período de tiempo similar..
Aún más exigente es lo que ocurre con la meta 6.2. Es que el objetivo proyecta llegar en 2023 a un 75% de cobertura de cloacas y lograr el 100% en 2030.
Pero, para eso, habría que incorporar unas ocho veces la población que fue sumada al servicio en el período 2001-2010. Traducido: entre los dos censos, pudieron acceder a cloacas 1.409.000 personas y, de acá a 2023, la idea es agregar 12 millones de ciudadanos más.
Ahora sí, los gastos
Antes de analizar el Presupuesto nacional, el área del Parlamento diferenció dos tipos de desembolsos: directos e indirectos.
El primer caso son las intervenciones públicas que atienden directamente a la población objeto. Mientras que el segundo hace referencia a los gastos que generan condiciones para que otro programa contribuya a la meta ODS.
En el gabinete nacional, el organismo responsable del ODS 6 es el Ministerio del Interior, que ejecuta tres programas relacionados con la iniciativa de la ONU: el de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo, el de Recursos Hídricos y el de Asistencia Financiera a Empresas Públicas, que incluye los aportes a la firma AySA.
Bajo la órbita del mismo Ministerio aparece el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA), también responsable del ODS 6 mediante la ejecución de obras de infraestructura.
Y, como corresponsable, está la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro, que afronta los gastos que no pueden ser asignados a otras áreas del Estado.
A continuación, un detalle de los desembolsos registrados durante el primer semestre de este año.
De estos números se advierte una sobre-ejecución del ítem relacionado con el Riachuelo, por encima del 100% en la mitad del tiempo transcurrido en el año. La contracara es la subejecución en el rubro Recursos Hídricos.
Con respecto a los gastos indirectos, se destacan otros dos programas del Ministerio del Interior, y se suman el Instituto Nacional del Agua y -otra vez- las Obligaciones a Cargo del Tesoro.
También de estos números puede desprenderse una sobre-ejecución de algunas partidas que, como en el caso de Infraestructura Urbana, en solo seis meses casi triplicó su crédito inicial.