El próximo 13 de julio el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos cumplirá tres años con un presidente interino. En 2016, tal cual lo establece la reforma constitucional de 2008, se resolvió recurrir al abogado más antiguo del organismo para que ocupara el cargo luego de la salida de Guillermo Smaldone. Así, Federico Tomas llegó a la presidencia.  

El día de la asunción de Tomas, el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, prometió que en seis meses llamaría a concurso para regularizar la situación del organismo. Pero nunca se terminó de constituir el jurado de seis miembros; entre profesionales, académicos y representantes de asociaciones civiles; que sería el responsable de elegir un nuevo presidente. 

Finalmente ese jurado se concretó. El año pasado se modificó el régimen de antecedentes profesionales en los concursos que buscan ocupar cargos en organismos de control. Antes los candidatos debían presentar su experiencia en cargos públicos, pero ahora la norma incorpora una nueva clase: “antecedentes en el ejercicio de funciones inherentes al control y juzgamiento de funcionarios públicos, desarrolladas en un organismo de naturaleza constitucional”. 

Con esa nueva regla, Federico Tomas sigue aplicando para permanecer en el cargo, pero ya tiene un competidor. Se trata del diputado Diego Lara, a quien el jurado le habría recomendado que se postule para el puesto.  

La situación de Tomas tiene un ribete político y es que hace pocas semanas llamó a un concurso para cubrir 15 vacantes dentro del organismo. Esto no causó gracia en Casa de Gobierno, ya que la provincia adhirió al pacto fiscal que limita la incorporación de empleados públicos.

 

Si bien Tomas y Lara son los principales nombres que se leen en los medios locales, desde el Tribunal de Cuentas explicaron a elauditor.info que “la realidad es que hay hasta cinco candidatos que estarían en condiciones de aplicar al concurso”. “Centrarse en estos dos es caer en una cuestión mediática, porque sin decirlo plantean que el Gobernador ya tiene su candidato. Pero la realidad es que no lo tiene”, agregaron.

Respecto al llamado a concurso realizado por Tomas, desde el Tribunal entendieron que respondió a que con el tiempo “la estructura del organismo fue colapsando”.

Hay hasta cinco candidatos que estarían en condiciones de aplicar al concurso.

Durante estos tres años se jubilaron varios empleados y Tomas, al ser interino, creyó que no le correspondía designar nuevos empleados porque no le parecía lo correcto. Pero ya tuvo que llamar a un concurso abierto (la inscripción cerró la semana pasada) para incorporar 10 contadores y cinco abogados para cubrir la falta de personal”, detallaron fuentes del organismo.

“A los sumo, el interinato perjudicó en eso al Tribunal. Pero luego el funcionamiento fue normal. Lógicamente un presidente interino no se planta de la misma manera ante el Ejecutivo que un presidente definitivo, que sabe que su cargo es vitalicio. Tiene un poder que un interino no lo tiene”, analizaron desde el Tribunal de Cuentas.