En Rosario la mitad de los colectivos deben ser manejados por mujeres

Las mujeres ganan terreno, lentamente, en distintos ámbitos. Algunos eligen llamarlo clima de época. Lo cierto es que la paridad de género avanza a la par de una lucha colectiva que es cada vez más grande.

En los sindicatos, la participación femenina debería ser del 30%, de acuerdo a una ley de 2002, aunque no se cumple. En la política, la paridad de género también es ley, por lo que este año, la representación de mujeres crecerá del 33 al 50%. 

Ahora, en Rosario, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una ordenanza que viene a modificar otra de 2006. La misma establece la paridad para la incorporación de choferes de colectivos tanto en las empresas municipales como en las privadas. Es decir, que debe haber tantas mujeres como hombres en cada una de las empresas.

El proyecto de la concejala Fernanda Gigliani había ingresado hace un tiempo, pero el proceso se aceleró luego de las declaraciones del titular de la UTA local, Manuel Cornejo, quien había asegurado que “el cuerpo de la mujer no está preparado para manejar un colectivo”, tras el reclamo de un grupo de mujeres para ingresar a trabajar al transporte urbano de pasajeros.

La ordenanza de 2006 creaba un programa municipal para incorporar a mujeres colectiveras, pero no obligaba a las empresas privadas. Sin embargo, tampoco la cumplió el Estado. “Ahora se aplicará también un control trimestral para saber cuáles son las incorporaciones y cuál es la modalidad. La autoridad de aplicación es el Ente de la Movilidad de Rosario”, explicó Gigliani a elauditor.info. La idea es que cada tres meses puedan ver si hay nuevos contratados, cuántos son y cuál es la forma.

¿Por qué hace hincapié en las características de la contratación? “En las empresas privadas se tomaba a mujeres por tres meses, pero luego dejaban caer el contrato”, comentó la concejala.

La idea es que se aplique de ahora en adelante. Es decir, que se vaya actualizando. “Creo que casi todas las futuras incorporaciones van a tener que ser mujeres para alcanzar esa paridad. Ya estuvimos en contacto con el presidente del Ente de la Movilidad porque creemos que hay que arrancar por la empresa estatal”, destacó.

La ordenanza más antigua establecía la creación de un Registro de Aspirantes a Conductoras. Por supuesto, tampoco se cumplía. La nueva norma otorga un plazo de 90 días para la conformación del mismo. “Ahí vamos a tener el número real de mujeres que quieren conducir colectivos. Algunas manejan taxis y en realidad quieren ser colectiveras, pero es la salida que encontraron”, aportó.

De acuerdo a información brindada por la Justicia, a raíz de un recurso de amparo, en los últimos seis meses el Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) contrató a 55 personas: ninguna es mujer. “Queremos que el órgano de aplicación pueda controlar para hacer cumplir la ordenanza”, indicó Gigliani.

La novedad fue que la jueza interviniente le dio la calidad de amparo colectivo, por lo que el fallo que dicte va a ser extensivo a todas las mujeres que aspiren a ser colectiveras en Rosario.

Actualmente, según la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), en todo el país 925 mujeres cuentan con este tipo de licencias, mientras que los varones son 37.624.

El caso Borda

Un juez dictaminó a fines del año pasado que tres empresas demandadas por Érica Borda están obligadas a que el 30% de sus nuevos contratos sean para mujeres cada vez que incorporen personal. Además, para evitar que argumenten que no reciben postulantes femeninas, se creó un registro: el Listado de Mujeres Aspirantes a Choferes de Colectivo, que el 5 de febrero se presentó en el Ministerio de Producción y Trabajo.

Según la CNRT, en todo el país 925 mujeres cuentan con licencia para manejar colectivos, mientras que los varones son 37.624.

Después de diez años como colectivera de la línea 140, en 2010 Borda sufrió un accidente cuando salía de trabajar. Pasó casi seis meses de licencia y, cuando se recuperó, la despidieron. Ninguna otra empresa de colectivos quiso contratarla de nuevo.

 
El caso Sisnero

Hace poco más de cuatro años, Mirtha Sisnero inició un recurso de amparo porque las  firmas transportistas de Salta no le permitían hacer una prueba como chofer de colectivo pese a que tenía el carnet habilitante. Su demanda derivó en un fallo que es un antecedente en materia de igualdad laboral en el país. La Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que las empresas la discriminaron todo este tiempo y ordenó que el Poder Judicial de Salta revise su caso, que había quedado cerrado a nivel provincial. Desde principios de año, lleva adelante los controles de tarjetas magnéticas, los pases y confecciona planillas con los números de coche, el turno, el recorrido y los datos del chofer, entre otras tareas en la empresa Tadelva.