La Auditoría de Salta (AGPS) evaluó la situación financiera de la Cooperadora Asistencial del Municipio de Tartagal y constató que “no presentó rendición de cuentas en 2015 por un monto de $5.960.379”.

El organismo tiene como finalidad coayudar con las autoridades municipales a satisfacer las necesidades prioritarias sanitarias y sociales de la población. Entre sus funciones se encuentran brindar protección de madres y niños hasta edad escolar, otorgar atención nutricional y médica en todos los ciclos de enseñanza, luchar contra enfermedades y readaptar a los enfermos mentales e inválidos físicos.

Uno de los hallazgos más alarmantes que observó la AGPS es que el ente auditado “no se encuentra inscripto ante la AFIP”, por lo que “no posee CUIT”. De esta manera, las compras realizadas con documentación que acredita propiedad “se realizaron a nombre de la Municipalidad de Tartagal” y no de la Cooperadora.

“No se aportó documentación que justifique las causas por las cuales se aplicó el procedimiento de contratación directa”

Por su parte, el total de gastos que efectuó en 2015 fue de $6.264.229. De esa suma, $657.696 “carece de documentación respaldatoria, lo que impide verificar la efectiva prestación del servicio o adquisición de bienes”, sostiene la Auditoría provincial en su informe aprobado en febrero de este año.

Con respecto al desembolso de dinero para compras en materia de salud, el ente abonó $977.595 en concepto de honorarios a profesionales médicos, pero “no suministró contratos ni documentación alguna”. Del mismo modo, para la adquisición de pasajes de colectivo para personas carenciadas se pagaron $2.209.750 y “no se brindó los convenios con las empresas prestatarias ni la lista de beneficiarios”.

A esta situación se suma que bajo el concepto de “otros gastos”, se realizó una compra directa de camas y cuchetas por $328.000 y otra de calzado por $167.750. Sin embargo, “no se aportó la documentación que justifique las causas por las cuales se aplicó el procedimiento de contratación directa” en lugar de la licitación pública.

Por último, el órgano de control salteño comprobó que en 2015 la Comisión Directiva de la Cooperativa “solamente sesionó una vez en abril y dos en octubre”, por lo que se vulnera lo dispuesto por decreto sobre la “obligación de sesionar no menos de dos veces por mes”.