Es el procedimiento por medio del cual no solo se reúne información o “evidencia” para evaluar si los responsables han actuado de acuerdo a la ley y llevan adecuadamente las cuentas públicas, sino que además, evalúan la eficacia, la eficiencia y la economía de los programas de gobierno, verifican un buen funcionamiento de los controles internos y evalúan la seguridad y confiabilidad de la información financiera y de gestión que luego los funcionarios y gobernantes utilizan para tomar decisiones e informar al Congreso y a la ciudadanía.