Depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y es la encargada de elaborar y coordinar programas de lucha contra la corrupción, en forma concurrente con la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Asimismo, es la encargada de velar por la prevención e investigación de aquellas conductas que se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

La OA actúa en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo ente público o privado con participación del Estado, o que tenga como principal fuente de recursos el aporte salarial.

Cabe aclarar que la Oficina Anticorrupción no tiene competencia para realizar investigaciones en el ámbito de Poder Legislativo, el Poder Judicial o en los organismos de las Administraciones Provinciales y Municipales.