Es un organismo desconcentrado del Poder Ejecutivo Nacional, cuya estructura administrativa y presupuesto están contenidos en la estructura y presupuesto del Ministerio de Justicia de la Nación. Sus competencias son: brindar asesoramiento jurídico al Poder Ejecutivo Nacional y organismos dependientes; asumir la representación y defensa del Estado Nacional en juicio; dirigir al Cuerpo de Abogados del Estado; instruir investigaciones y sumarios administrativos en los casos previstos por el ordenamiento jurídico y cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo Nacional; registrar y auditar los juicios en los que el Estado Nacional sea parte; atender las necesidades de capacitación superior del Cuerpo de Abogados del Estado.