La rica, aunque breve, historia de nuestro país está cargada de lecciones y momentos de inflexión que nos pueden ayudar a repensar y redefinir el presente y futuro de Argentina. El cumplimiento de 40 años de Democracia invita a hacer este ejercicio ciudadano e institucional y brinda la oportunidad, luego de dos siglos de existencia como Nación, de reorientar el destino común.

No es novedad que uno de los principales motivos de la permanente tensión entre el Estado Nacional y las provincias ha sido la interminable lucha entre el poder central y las autonomías provinciales. Desde el mismo día de la Declaración de la Independencia, el 9 de Julio de 1816, ha sido una constante en nuestro derrotero como Estado Nación, atento a que las provincias han luchado por tener una mayor participación en la toma de decisiones del Estado Nacional y por mantener su autonomía política y económica, con suerte dispar y errante.

Si bien la Constitución Nacional de 1853 establece un sistema federal en que las provincias tienen un amplio margen de atribuciones y competencias de autogobierno y determinación dentro de sus límites territoriales, en parte por ser estados preexistentes a la conformación del estado nacional. Aquella tensión original se ha manifestado en conflictos políticos, económicos e institucionales a lo largo de nuestra historia. Incluso antes de la elección de un gobierno nacional, en los mismos albores del primer grito de libertad, en la famosa Semana de Mayo, durante el Cabildo del 22 de Mayo de 1810, en que deliberaba la “parte principal y más del vecindario” como era la fórmula de reunión, en la que los concurrentes discutían sobre la legitimad del virrey Cisneros tras la caída de la Junta Central de Sevilla, comenzaba la tensión entre “la capital y el interior”.

En ese Cabildo, ante la defensa de las autoridades virreinales por parte los monarquistas representados por el Obispo de Buenos Aires Benito Lué y Riega, los patriotas en la voz de Juan José Catelli, sostuvieron que “España ha caducado y con ella las autoridades que son su emanación. El Pueblo ha reasumido la soberanía del monarca y a él toca instituir el nuevo gobierno en representación suya”, convirtiéndose en el argumento jurídico de la Revolución de Mayo en ciernes, al cual el fiscal de la Audiencia, Manuel Villota, respondió que si bien admitía la caducidad del pacto y señaló que la elección de un nuevo gobierno no podía ser determinado por una sola provincia o municipio, sino por todas las provincias del virreinato, representados por sus diputados reunidos en Congreso. 

La encerrona jurídica en que quedaban los patriotas ante este contraargumento era evidente y fue salvada por la intervención de Juan José Paso, quien expresó: “Buenos Aires es la capital del virreinato, la hermana mayor de las provincias (…) los pueblos que las ocupan (las provincias) están poblados por hijos de la tierra y animados naturalmente por un mismo interés (...) y así como los hermanos podían tomar legítimamente el negocio ajeno para beneficiar al ausente, o para salvarle los derechos (…) así una Capital o pueblo, avanzando al peligro común de todos los demás, tenía la innegable facultad y el derecho de tomar por lo pronto la gestión del asunto, sin perjuicio se someterse después a la aprobación de sus condóminos, dando cuenta y razón de lo hecho”, intervención magistral que permitió salvar la situación planteada en aquel transcendental momento de nuestra historia, pero que sin duda también instauraría la prevalencia del poder central, con sede en Buenos Aires, que luego daría lugar, entre otros motivos a la guerra entre unitarios y federales.

Políticas centralistas y uniformadoras 

Durante el período de la guerra de la independencia, comenzaron los enfrentamientos entre Buenos Aires y el interior. Se dieron momentos muy críticos de esta tensión durante gran parte del siglo XIX, cuando el Estado Nacional liderado por Buenos Aires intentó imponer políticas centralistas y uniformadoras que afectaron la autonomía de las provincias. Esto llevó a cruentas guerras civiles y enfrentamientos políticos que marcaron la historia argentina, lo que sin duda demoró la consolidación de la República y la conformación de una unidad política fuerte, soberana, próspera y pujante.

Superados los momentos de mayor violencia política institucional y ya en la última parte del Siglo, especialmente gracias a la Generación del ’80, comenzó a consolidarse la República Argentina, con muchas deudas políticas económicas y sociales que persisten incluso hasta nuestro días.  También es justo mencionar que a partir de la segunda mitad del Siglo XX, el proceso de consolidación de los Estado Provinciales, de descentralización y regionalización del país permitieron un paulatino y constante protagonismo de las provincias en la toma de decisiones.

Comenzó un lento proceso, aún en construcción de fuerte injerencia en la toma de decisiones a través del órgano de máxima representación como es el Congreso Nacional y que ha permitido una mayor participación en el diseño y gestión de las políticas públicas nacionales. 

Tensiones actuales

En la actualidad, la tensión entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales continúa latente, tanto en temas de reparto de recursos, descentralización fiscal, gestión y distribución de tributos, competencias delegadas o no, y la eliminación de barreras políticas, institucionales y burocráticas que aún dificultan el fluido diálogo y colaboración mutua.

Los niveles de tensión siempre existirán e incluso son aceptables y hasta constructivos en la medida en que los debates sean dentro de la tolerancia y el respeto constitucional e institucional entre Nación y Provincias. Sin duda, la construcción de un Estado Nacional fuerte, eficiente, inteligente, efectivo y cohesionado, que trabaje con los Estados Provinciales es, o al menos debe ser, un objetivo estratégico y central de todos los actores políticos y sociales. 

Es necesario trabajar en una agenda común de desarrollo a lo largo y ancho del país, que permita abordar los grandes desafíos pero también oportunidades que tenemos como Nación a partir de nuestras potencialidades y recursos, lo que requiere, un diálogo franco y constructivo entre esos distintos niveles de gobierno. También una clara definición de competencias y responsabilidades, superando los momentos de mayor confrontación y tomando la experiencia de los conflictos pasados y presentes como una base para la construcción colectiva de una gran Nación, en beneficio de “nosotros, de nuestra posteridad, y de todos los hombres y mujeres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.