Según el mismo, la mejora salarial promedio en los 19 distritos en donde se llegó a un acuerdo entre los gremios docentes y las autoridades es del 22.9 por ciento. En Buenos Aires, Chaco y Santa Cruz todavía no se ha llegado a ningún arreglo y la situación educativa continúa deteriorándose. Pese a que el estudio advierte que no pretende establecer una relación causal entre una estrategia de lucha docente el paro- y la mejora salarial, lo cierto es que una conclusión tácita de su argumentación es que el activismo sindical no beneficia a los maestros y los desmerece ante los ojos de la sociedad: los que pararon menos días lograron aumentos levemente superiores a los que obtuvieron sus colegas en provincias que tuvieron más medidas de fuerza. Lideran la tabla de aumentos San Luis (50%), Corrientes (35%), Neuquén (31%), Formosa (30%) y Santa Fe (25%). Omite decirse que en esas cinco provincias existen gobiernos que no están alineados con la Casa Rosada y que al menos en un caso, Corrientes, la proximidad de la elección en su ciudad capital que tuvo lugar este domingo pasado- sin duda precipitó el otorgamiento de un aumento impensable, por ejemplo, para el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La conclusión del estudio es que existe un cansancio social alrededor de los paros. Los gremios de maestros contribuyen a que se menosprecie la docencia con medidas que cada vez tienen menos apoyo, incluso entre ellos.

Dada la centralidad que la problemática educativa tiene en nuestro país nos ha parecido importante llamar la atención sobre lo sesgado del enfoque sobre la cuestión del salario docente y, más en general, sobre la educación, en base a dos consideraciones. Primero, que quienes quisieran que los maestros sean revalorizados por la sociedad deberían mantener la ecuanimidad mínima necesaria como para advertir que si ha habido un responsable principal de esa depreciación no ha sido el gremialismo docente impulsado a la lucha por el escandaloso deterioro de sus salarios- sino los sucesivos gobiernos que ha tenido la Argentina. A ellos le cupo, y le cabe al gobierno actual, llevar adelante una política de jerarquización de la función docente y de colocar a la educación al tope de las prioridades nacionales, como una política de estado sin la cual ningún progreso material o espiritual será posible en nuestro país. Y esa rejerarquización no puede lograrse en base a pura retórica o a investigaciones que ratifican los prejuicios del oficialismo sino que exige un sustancial aumento del presupuesto educativo y una plena asunción del Estado Nacional de sus responsabilidades en la materia, revirtiendo la desastrosa política de federalización llevada a cabo en los años noventas y que significó, en su esencia, la deserción del estado de una de sus más fundamentales responsabilidades. Nada de estos parece estar incorporado en el informe que estamos comentando.

Tampoco existe, y este es el segundo considerando, la menor reflexión en torno a la situación planteada por la distancia entre ese el 22.9 por ciento de aumento promedio conseguido en distritos de baja militancia sindical y el hecho irrefutable de que la inflación del año 2016 fue, según informara el Congreso, del 40.3 por ciento. Esta discrepancia, sólo saldada favorablemente para los maestros en la provincia de San Luis, parece ser una minucia sin importancia para los redactores del informe. Lo menos que se le puede exigir a un estudio sobre la relación entre paro docentes y remuneraciones al magisterio es que tome en cuenta el desquiciante impacto de una inflación como la experimentada el año pasado y la absoluta razonabilidad de una demanda magisterial que orille en torno a esa cifra. ¿Alguien puede creer que con este tipo de planteamientos la educación argentina podrá salir de la angustiante situación en que se encuentra hace décadas?

Por Atilio A. Boron.