La Corte Suprema de Justicia dispuso que la subsecretaria de Recursos Hídricos de la Nación explique el estado de ejecución de las obras para paliar las inundaciones en el marco de la emergencia hídrica decretada en mayo pasado. Este fallo surgió a raíz de un pedido de audiencia de mediación presentado por Guido Lorenzino, Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

Hace unos meses pedimos ante la Corte Suprema que arbitre una audiencia de mediación entre las tres provincias limítrofes de Buenos Aires: Santa Fe, Córdoba y La Pampa, expresó Lorenzino. En ese marco, nos parece oportuno que podamos sentarnos en una mesa y ver de qué manera hacemos que este escurrimiento de agua no sea arbitrario o absolutamente discrecional en función de la voluntad de sacarse el agua de encima sin importar que pasa en el otro lugar, remarcó.

El máximo tribunal de Justicia hizo lugar al pedido de la Defensoría y la semana pasada le exigió al gobierno nacional y a la administración de las provincias involucradas que informen las medidas que están realizando para evitar que se repitan las inundaciones que afectan a gran parte del territorio bonaerense desde principios de año. La provincia de Buenos Aires es la receptora y la más perjudicada a instancias de todo lo que viene aguas arriba, denunció Lorenzino.

En mayo se declaró la emergencia hídrica en 26 distritos de la provincia pero desde entonces no sabemos qué obras afecta, en qué distritos y cuáles son las prioridades. Por eso también le hicimos un pedido al ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, para que nos mande esa información y así poder transparentarla tanto a los medios como a los afectados, informó el defensor.

El máximo tribunal de Justicia abrió un expediente sobre las obras en Santa Fe que provocaron las inundaciones en Buenos Aires, y exigió a la subsecretaria de Recursos Hídricos que explique el estado de ejecución de las obras de regulación realizadas sobre la traza del Canal Alternativa Norte. También, pidió información sobre la conclusión del estudio integral para la Cuenca de Aportes a la Laguna El Chañar, y sobre la continuidad del acuerdo entre Santa Fe y Buenos Aires para regular el exceso de agua en La Picasa.

Desde la Defensoría Bonaerense explicaron que la falta de información se debe a que los recursos para las obras provienen de Nación. El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica se administra desde el gobierno central. Es el que determina, financia y ejecuta muchas de las obras que están en el marco de la emergencia, aseveró Lorenzino y remarcó la necesidad de poner la información arriba de la mesa. Eso es lo más necesario y oportuno en una situación tan dramática como la que se está viviendo en muchas localidades. Nosotros queremos tener la información para poder actuar en consecuencia y llevar tranquilidad y certeza a los habitantes de esas regiones.

Emergencia hídrica

El 19 de mayo el Gobierno bonaerense declaró emergencia hídrica en 26 distritos del norte y noroeste de la provincia afectada por las inundaciones, a fin de realizar obras y acciones para aliviar las consecuencias de los anegamientos. Esta declaración, que se publicó en el Boletín Oficial, rige por 18 meses en los partidos con el objetivo de realizar obras y acciones necesarias para aliviar las consecuencias de las inundaciones y el escurrimiento superficial de las aguas. Es el Ministerio de Infraestructura provincial, dirigido por Roberto Gigante, quien tiene la tarea de solucionar y remediar la situación.

Los distritos en emergencia son General Villegas, Florentino Ameghino, Rivadavia, Pellegrini, Trenque Lauquen, Carlos Tejedor, General Pinto, Pehuajó, Hipólito Yrigoyen, Bolívar, 25 de Mayo, Leandro N. Alem, Lincoln, General Arenales, Carlos Casares, Junín, Chacabuco, 9 de Julio, General Viamonte, Bragado, Colón, Rojas, Salto, Pergamino, Arrecifes y San Nicolás.

Advertencias de la AGN

Un informe de la Auditoria General de la Nación, aprobado en 2011, reveló que solo 8 de un total de 10 obras previstas para la Cuenca Laguna La Picasa El Chañar, estaban finalizadas a fines de 2010. Según el ente de control, este panorama, sumado a la ausencia de un plan integral de control de inundaciones, canales clandestinos y la extensión de la frontera agropecuaria son algunas de las causas principales de las inundaciones.