El año que viene terminará la llamada Estrategia Nacional de Biodiversidad, una iniciativa que entró en vigencia en 2016 con el objetivo de coordinar acciones que impulsen el uso sustentable y ordenado en el territorio del país. Sin embargo, un informe oficial reveló que, pese al tiempo transcurrido, la Secretaría de Ambiente no elaboró planes operativos, ni proyectó fechas de cumplimiento y tampoco estableció indicadores que permitan medir los avances de su gestión. 

Estas falencias figuran en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que examinó la labor del ex Ministerio como principal responsable de la ejecución de la mencionada Estrategia.

La investigación, aprobada este año sobre datos del lapso enero de 2016 - abril de 2018, centró su análisis en una de las 21 metas que constituyen el plan en cuestión: la vinculada a la obligación de la Secretaría de “articular y concertar con organismos nacionales, provinciales y municipales, además de otros actores regionales, el Ordenamiento Ambiental del Territorio”. 

Durante el período auditado, se desarticuló un área que no fue reemplazada.

Esta tarea consistía en clasificar el terreno en “ecorregiones” para “salvaguardar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos”. En otras palabras, había que dividir el suelo en tres secciones: áreas silvestres de protección estricta, con uso sustentable de recursos naturales y las intervenidas o a intervenir. Este reparto suponía el mantenimiento de “proporciones adecuadas para cumplir la viabilidad de la conservación (de cada región) a largo plazo”.

Pues sobre esto la Auditoría notó que “la Secretaría no generó una planificación estratégica ni operativa para el desarrollo del Ordenamiento Ambiental del Territorio”. 

Es más, el informe sostuvo que “tampoco hubo articulación con las áreas responsables de implementar las leyes de bosques nativos y de glaciares, que representan elementos clave en el ordenamiento ambiental a escala nacional”. 

Y, si bien el propio ente le comunicó a la Auditoría que sí tuvo avances en la identificación de criterios para zonificar el territorio, y que hasta seleccionó sitios para hacer pruebas piloto, el organismo de control “no encontró evidencia documental de las acciones informadas”. 

Más allá del Ordenamiento, los técnicos remarcaron que el ex Ministerio no elaboró un plan que especifique el alcance jurisdiccional de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, es decir, “no se indican qué organismos están involucrados ni se le asignan responsabilidades”. 

Y en este punto es que entra en juego otro ente. Se trata de la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica (CONADIBIO). Entre sus competencias, el área debe hacer un “seguimiento de la implementación de la Estrategia de Biodiversidad” y “garantizar, mediante el Consejo Federal de Medioambiente (COFEMA), la participación de todas las instancias de gobierno (nacional, provincial y municipal) involucradas en el uso de los recursos naturales y de la sociedad civil, ONG y poblaciones afectadas”, explica la Auditoría.

El tema es que, “del examen realizado -dice la AGN-, surge que la coordinación de acciones implementada por la CONADIBIO es débil, ya que solo se realizaron durante el período auditado tres reuniones, con una periodicidad anual en lugar de trimestral como lo establece su reglamento”.

A ello se suma que “la CONADIBIO carece de metodología de monitoreo y evaluación, impidiendo medir la eficiencia y eficacia de Argentina en cuanto a la implementación” de medidas de protección de la biodiversidad.  

"No se cumplen las condiciones de buena gobernanza", dijo el informe.

Volviendo a la Secretaría de Ambiente, los investigadores tampoco encontraron que se haya proyectado un “horizonte temporal de implementación”, lo que equivale a decir que “no existen cronogramas con fechas para la ejecución de las acciones previstas” y, para completar, no se previó qué recursos humanos ni materiales que se necesitarían para eso. 

El órgano de control descubrió que la Secretaría “no estableció acuerdos institucionales con el Poder Ejecutivo nacional” y, puertas adentro, ni siquiera alineó la Estrategia de Biodiversidad con sus propios programas, “con lo cual, el cumplimiento de las metas del Plan de Acción 2016-2020 están dispersos”, sentenció el texto.

Indicadores de gestión

“No se encontró evidencia de objetivos, metas ni indicadores anuales de gestión”, señaló el informe en referencia a que, para medir sus avances, la Secretaría de Ambiente tomó como modelo herramientas de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas (ODS) que, para el organismo de control, “solo sirven a título orientativo” y, justamente, “a esa orientación se debe transformarla en operativa”.

Para ser más explícita, los auditores detallaron: “Si no se establece una meta concreta y no se le pone un ‘número’ al indicador (valor de cumplimiento) no se puede efectivizar ningún plan evaluable”.

Participación ciudadana

Como dato color, el equipo contó que, durante su relevamiento, “se desarticuló el Observatorio Nacional de Biodiversidad, sin que haya sido reemplazado por otro instrumento equivalente. Esto -continúa el texto- representa un retroceso en la implementación de los presupuestos mínimos referidos a la participación ciudadana (establecidos en la Ley General del Ambiente, 25.675) y a la disponibilidad pública de la información ambiental (Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, 25.831), afectando la transparencia de la gestión”.

Conclusión

Todos estos hallazgos llevaron a la Auditoría General de la Nación a completar que “no se cumplen con las condiciones de buena gobernanza necesarias para garantizar una implementación eficaz, efectiva y oportuna de la Estrategia Nacional de Biodiversidad en los plazos previstos en su Plan de Acción”.