La Auditoría General de la Nación (AGN) presentó recientemente un informe que examina la gestión de la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB), en particular el Plan de Acción 2016-2020. El período de evaluación se dio en los primeros dos años de las metas y El Auditor.info se comunicó con las autoridades de la Secretaría de Ambiente para conocer los detalles del avance que tuvieron en los últimos meses.

El Secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la Secretaría de Ambiente, Diego Moreno, explicó que es la segunda Estrategia que tuvo el país y que surgió como parte del Convenio de Diversidad Biológica: “En la convención de 2010 se fijaron una serie de instrumentos, protocolos y metas. Aunque 2015 era el plazo para presentar el proyecto, Argentina no lo había hecho. Se creó la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica (CONADIBIO) y se mostraron líneas de acción, pese a que no había consenso con otros ministerios”, indicó.

Sobre estos primeros años, la AGN realizó un informe en el año 2013 en el que ratificaba que, luego de los esfuerzos realizados para la elaboración y adopción de la ENB en 2003, “los desarrollos posteriores en la materia habían sido escasos y aislados". Del mismo modo, los auditores señalaron que "si bien en 2011 se inició la actualización de la Estrategia, el documento base no fue traducido en planes de acción con metas cuantitativas, objetivos de implementación que especifiquen recursos a aplicar, ni cronogramas calendarizados”.

“Debería ser prioridad una ley de presupuestos mínimos en Biodiversidad" afirmó el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales

¿Cómo siguió el trabajo? “Lo que empezamos hacer a partir del 2016 fue validar las líneas que estaban en borrador y llegamos al plan de acción 2016-2020. Eso se aprobó por resolución y es un documento que sigue vigente”, remarcó Moreno.

Sobre esto último, en su informe del 2019, la AGN sostuvo que “la Estrategia está respaldada solo por una resolución ministerial y no posee la jerarquía jurídica suficiente para garantizar su implementación de manera transversal en los organismos que integran el Poder Ejecutivo nacional, ni en las instancias provinciales y municipales”.

Para el Secretario, “la construcción de una estrategia es un tema que de por sí es transversal y necesita acuerdos políticos y cuanto más altos sean más relevancia va a tener”. Del mismo modo, reflexionó que “si tuviéramos una ley que incluyera esta iniciativa, seguramente tendría mayor relevancia jurídica, pero también es importante que los planes de acción tengan una meta finita, en este caso de cuatro años, con lo cual una ley nacional lleva unos tiempos largos desde que ingresa hasta que se aprueba. Tiene muy poco tiempo de validación”.

El 43% de los objetivos aún no ejecutados están en proceso y se terminarán para 2020.

El equipo auditor analizó el periodo 2016- 2018. Luego, se hizo una evaluación (Sexto Informe Nacional para la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica) para ver cómo fueron avanzando las metas, trabajo que se conoció finalizado el informe del organismo de control. “A grandes rasgos se observó que Argentina estaba cumpliendo con el 50% de los objetivos, un 4% los había superado y el 43% no se había ejecutado, pero estaban en proceso y se iban a terminar para 2020”, señaló Moreno. 

Además, el organismo sostuvo que la Secretaría de Ambiente como autoridad de aplicación “no implementa el sistema de indicadores desarrollados y sugeridos para evaluar los progresos en la consecución de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica a nivel nacional”. ¿Qué son? un conjunto de 20 ítems agrupados en torno a cinco Objetivos Estratégicos, que deberían alcanzarse de aquí a 2020.

Sobre esto, Diego Moreno argumentó que “el plan de acción toma las metas generales (Aichi) y las adecua a nivel nacional. No son exactamente iguales, las instrumentaciones cambian entre países, además Argentina, al ser federal, debe consensuar con las provincias a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)”.

Ante el cambio de gestión que se aproxima en diciembre, Moreno concluyó: “Habría que trabajar intensamente en el Congreso Nacional por una ley de presupuestos mínimos en Biodiversidad. Debería ser una prioridad”. Asimismo, contó que otro tema que están dejando encaminado es una donación de casi 3 millones de dólares del Fondo para el Medio Ambiente Mundial para integrar a la biodiversidad de forma activa en las políticas sectoriales como la energética, infraestructura y agropecuaria”.

En el Congreso aguarda un proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Biodiversidad que fue elaborado en el ámbito de la CONADIBIO, con presentaciones al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), en un proceso liderado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable que aguarda ser debatido en comisiones.

El proyecto actualiza todo el marco jurídico para la biodiversidad (actualmente incompleto ya que sólo hay regulación para la fauna silvestre a través de la Ley 22.421 del año 1982) y crea diversos instrumentos para la conservación y el uso sustentable. Entre ellos, crea por ley la Estrategia Nacional de Biodiversidad y le encomienda a la autoridad ambiental la actualización periódica.