Pocos países con un pasado conocido y trascendente como España cargan las dramáticas circunstancias de la historia del siglo XX.

La guerra civil española (1936-1939) que se dirimió entre un Ejército asustado por el crecimiento de las izquierdas y una República que otorgaba nuevos derechos contra los latifundistas y la Iglesia y defendía las autonomías celosamente (Cataluña, País Vasco) se volvió el preludio de la Segunda Guerra Mundial.

El resultado del enfrentamiento entre las dos Españas fue un millón de muertos entre combatientes y posteriores prisioneros, enterrados con responsabilidad de los dos bandos en fosas comunes e ignorados.

Un duelo intenso sumado al hambre que duró más de 11 años hasta que Occidente aceptó al caudillo Francisco Franco en medio de la Guerra Fría. Entre 1939 y 1951 España estuvo aislada. A Franco se lo consideraba un aliado sin tapujos de Alemania durante el segundo gran conflicto bélico (1939-1945) por lo que se lo marginó durante mucho tiempo.

La misma hambruna que el primer gobierno argentino de Juan Perón intentó paliar con envíos de barcos de cereales. Las víctimas fueron mayoritariamente pertenecientes al bando republicano, pero también las hubo del otro, todas lloradas hasta hoy.

Precisamente, desde hace años, los hijos y nietos de aquellos que pelearon y fueron asesinados reclaman que se abran las fosas comunes, acción que tuvo final feliz en varios casos, pero no en todos. Por ejemplo, pese a las investigaciones que precisaban el lugar, nunca pudo encontrarse, hasta ahora, el lugar donde fue arrojado el cadáver del poeta andaluz Federico García Lorca junto a dos hombres más. La familia del artista se oponía a esa acción, pero los medios de comunicación y los partidos políticos reclamaban el hallazgo.

Franco gobernó con mano de hierro y murió en 1975. Fue enterrado en el Valle de los Caídos, una enorme construcción enclavada en las montañas y realizada metro a metro por prisioneros republicanos que, agotados y sin vida, también yacían allí. Hasta ese sitio llegaban las visitas de los hijos y nietos de sus admiradores para colocar un ramo de flores sobre su tumba sellada y custodiada con fervor ideológico y con el brazo derecho levantado, gesto tradicional de las extremas derechas.

Después de 1975, el gran acuerdo de los partidos políticos evitó polémicas y otras rispideces. Pero desde hace algún tiempo se vino insistiendo en sacar los restos de Franco de allí. No fue una postura necrológica sino ideológica: el Valle de los Caídos debía desalojar a Franco para llevarlo a un cementerio que eligiera la familia. Por último la acción de traslado la firmó Pedro Sánchez, socialista, presidente del Gobierno desde junio de 2018.

La familia del militar tenía preparadas varias acciones para convertir, en lo posible, el acto de exhumación en algún tipo de homenaje. Al llegar a la basílica, a los familiares se les requisaron los teléfonos celulares, que fueron guardados en bolsas de plástico. También se les obligó a dejar fuera de la cripta la bandera anterior al gran acuerdo de los partidos, la preconstitucional con el Águila de San Juan que cubría el féretro el día de su entierro el 23 de noviembre de 1975.

El gobierno aseguró que, tras la exhumación de Franco -llevada a cabo 24 de octubre de 2019-, "queda mucho por hacer" y que "el objetivo en el Valle de los Caídos y en las cunetas es la reparación y la justicia". Pero también se conocieron algunas críticas pese a la pulcritud del operativo: "Se abusó de las imágenes televisivas, suficientes para facilitar más las emociones que las razones".

En la justicia también hubo movimientos. El presidente del Tribunal Superior de Castilla y León, José Luis Concepción, afirmó que la exhumación "reverdece el odio" en España, que -asegura- ya estaba olvidado. Además embistió contra la Ley de la Memoria porque "pretende convertir en vencedores de la guerra civil a quienes, en definitiva, perdieron la contienda en 1939".

Franco fue devuelto a la tierra en la colonia de Mingorrubio, en El Pardo de Madrid, un sitio construído en los años sesenta para los militares y sus familias.

Según los medios de comunicación españoles, Madrid aloja en sus cementerios a una cantidad importante de autócratas y dictadores del mundo. Por ejemplo, en el más antiguo, el de San Isidro, están enterrados Fulgencio Batista y Ante Pavelic. El primero, quien gobernó Cuba con mano de hierro hasta la llegada de los guerrilleros de Fidel Castro en 1959, descansa allí con sus familiares. Si bien residía en El Estoril, en Lisboa, Portugal, iba y venía a España de manera periódica siempre custodiado por agentes que le brindaba el gobierno de Franco.

En otro sector de San Isidro está enterrado Pavelic, líder de los "ustachas" croatas, guerreros ultranacionalistas, conocidos por la barbarie de sus actos durante la Segunda Guerra y jefe de Estado Independiente de Croacia entre 1941 y 1945. Él también tuvo su paso por la Argentina después de 1945, pero sufrió un atentado en 1955, por lo que debió huir. Su gobierno, admiten los historiadores, fue responsable de la muerte de 300.000 personas.

Del mismo modo, 30 kilómetros al norte de Mingorubio, en el cementerio de La Paz, yace Marcos Pérez Jimenez, dictador venezolano entre 1952 y 1958, conocido por su corrupción y por sus furiosas represiones políticas. Se dice que cuando se fugó de Caracas se olvidó un maletín con U$S 13 millones. Luego de ser extraditado desde Estados Unidos, donde pidió amparo en la fuga, fue llevado a la cárcel hasta 1968.

Desde ese año se estableció en Madrid, bajo la protección de Franco. Pérez Jimenez falleció en 2001 en una casa que años después fue vendida por varios millones de euros, incluyendo su búnker, su garage para 20 automóviles, su sauna, su peluquería y el lugar de práctica de tiro.

En Mingorrubio también está enterrado Rafael Leónidas Trujillo, dictador de la República Dominicana durante 30 años hasta que fue asesinado en 1961, acribillado en su auto. Su féretro llegó a España en 1970, enviado por sus familiares que temían profanaciones en otros sitios anteriores.