La Defensoría del Pueblo bonaerense elaboró un relevamiento sobre el acoso callejero que arrojó que 8 de cada 10 mujeres fueron víctimas de situaciones de este tipo, pero que en el 97% de los casos no hicieron la denuncia. Ayer obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto que propone castigar el acoso.

El relevamiento, elaborado por el Observatorio de Niñez y Adolescencia de la Defensoría apuntó a analizar una práctica cotidiana y masiva, cuyo impacto está poco visibilizado. En base al testimonio de 300 mujeres de distintas edades de las localidades de La Plata, Ezeiza, Esteban Etcheverría y Lomas de Zamora, se evidenció que el hostigamiento comienza en la preadolescencia.
Puntualmente, el informe arrojó que 8 de cada 10 mujeres sufrieron situaciones de acoso callejero y el 97% no lo denunció. Además, el 60% indicó que el acoso fue verbal, el 3,5% físico y el 35% incluyó las dos formas.
El informe  expuso que el 37% de estas situaciones se produjeron en la vía pública; el 18% en plazas; otro 18% en medios de transporte; y el 10% en el trabajo. En tanto, las víctimas de acoso indicaron que el 74% fue provocado por desconocidos; el 18% por conocidos, mientras que el 8% sufrió estas situaciones tanto por conocidos como por desconocidos.

“A los 12 años un tipo me llamó, me acerqué y me dijo que se quería acostar conmigo”; “en la calle un hombre me mostró el pene y se empezó a masturbar”; “en un corso me metieron la mano adentro del pantalón”: “en la vía pública me dijeron mil veces cosas sobre mi cuerpo”, son algunos de los testimonios de las encuestadas.

En base a este trabajo, el organismo que conduce Guido Lorenzino elaboró una serie de propuestas, como el diseño de un marco jurídico provincial para prevenir, tratar y sancionar el acoso callejero en el espacio público y la creación de un programa provincial cuyos objetivos sean la asistencia, orientación y acompañamiento a las víctimas, en base al vínculo con organizaciones de la sociedad civil, entidades educativas y el Estado.

Además, propone la modificación del código de faltas provincial sobre acoso callejero en el espacio público estableciendo nuevas sanciones y  que lo recaudado por motivo de estas sanciones sea destinado a programas de prevención y asistencia a las víctimas.

Asimismo, plantea la incorporación a la currícula escolar de contenidos que cuestionen y visibilicen el acoso callejero con perspectiva de derechos humanos y que se construyan indicadores que permitan observar la evolución de la temática.
“Todas las personas tienen derecho a transitar libremente y con la confianza de no ser violentados, independiente del contexto, la edad, la hora del día o del vestuario. Los derechos humanos no dependen ni se suspenden por detalles del entorno: no hay excusas ni justificaciones para el acoso callejero”, sostuvo el defensor del Pueblo adjunto Walter Martello, a cargo del Observatorio de Niñez y Adolescencia.

En esa misma línea, enfatizó que el acoso callejero es una acción violenta por su unidireccionalidad que vulnera la intimidad de las personas porque no existe un consentimiento de quien lo recibe: la víctima. Además, agregó que “reviste diversas modalidades de connotación sexual, ejercidas por una persona que puede ser conocida o desconocida, en espacios públicos como la calle, el transporte o espacios semi públicos (universidad, plazas, etc.) y eso es lo que pretendemos visibilizar con este trabajo”