Para asistir a los jubilados y pensionados en situación crítica, el PAMI impulsa un plan mediante el cual entrega mensualmente una bolsa de alimentos no perecederos y acredita en los recibos de haberes de sus afiliados una suma fija destinada a la compra de productos frescos. 

El problema es que, según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), ese monto no se actualizó desde 2007, y que además asciende a 15 pesos, que los abuelos pueden usar para adquirir quesos, carnes y huevos.

Esta situación llevó al organismo de control a concluir que, en el transcurrir de la ayuda nutricional “la cobertura del requerimiento calórico de los alimentos fue disminuyendo entre 1999 y 2012 en un 32,3%”. 

Bienestar

La iniciativa en cuestión se llama Proyecto Pro-Bienestar y es llevada adelante desde 1992 por el PAMI (oficialmente denominado Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados –INSSJyP-).

Si bien en principio el plan tenía distintos objetivos, como organizar actividades recreativas y construir salones equipados para la contención de los abuelos, en los últimos años la gestión se enfocó casi exclusivamente en la ayuda alimentaria. 

En ese sentido, y según datos proporcionados por el propio PAMI, hasta 2011 esta asistencia llegó al 11% de los afiliados a la obra social, es decir a 477.182 jubilados y pensionados sobre un total de casi 4,5 millones de personas. 

Los beneficiarios son atendidos en 2.712 Centros de Jubilados y Pensionados que funcionan bajo la órbita de 37 Unidades de Gestión Local (UGL) que el PAMI tiene en todo el país. 

Y, en cuanto al presupuesto, en 2011 se transfirieron fondos por $ 562.185.367,73, que fueron destinados casi en su totalidad (97%) a la ejecución del Beneficio del Complemento Alimentario (BCA).

Esta prestación del Pro-Bienestar fue la que analizó la Auditoría y que, tras una investigación de 18 meses –llevada a cabo entre enero de 2011 y mediados de 2012-, quedó plasmada en un informe aprobado en julio de este año.

Entre otras cosas, el trabajo sostiene que, a pesar de aquellos datos precisos, “no se cuenta con los datos de los afiliados que reúnen los requisitos exigidos para recibir el beneficio alimentario”, y además no se efectúa el seguimiento nutricional de las personas, por lo que “no es posible conocer ni medir el impacto de las acciones realizadas por el programa sobre la población objetivo”. 

Normativa, modalidades y observaciones

La AGN explica que, según la normativa vigente, el Beneficio de Complemento Alimentario (BCA) se ejecuta mediante dos modalidades. Por un lado está el ya mencionado bolsón, que es un conjunto de productos seleccionados por especialistas en nutrición que se entrega mensual y gratuitamente a los beneficiarios en los Centros de Jubilados y Pensionados. 

Añade el informe que, hasta 2007, los bolsones incluían alimentos no perecederos y frescos, pero desde entonces el PAMI dispuso la acreditación de aquellos 15 pesos mensuales en el recibo de haberes de los abuelos, destinados a carnes, quesos y huevos.

Volviendo a los bolsones (que contienen aceite, arroz, atún, arvejas, azúcar, mermelada, fideos, harina, lentejas, leche en polvo, té y yerba), sus costos varían según la región; así por ejemplo hasta julio de 2012 el paquete mensual para un beneficiario de Tierra del Fuego valía $ 107, en la zona patagónica $ 95, mientras que en el resto del país el monto era de $ 86. 

Dice la Auditoría que se arman bolsones para una, dos, tres o más personas, y además hay dos paquetes especiales; uno con alimentos diferenciados en base a patologías de los beneficiarios, y el otro en fechas trascendentales, como la Navidad.

Casi a modo de anécdota, el informe grafica que cada bolsón armado pesa aproximadamente ocho kilos, “resultando dificultoso su traslado”, y completa: “Las bolsas en las que se entregan los productos son de polietileno, fácil de romperse y sin manijas”.

La otra modalidad, en tanto, es la de comedor/vianda, un menú especial para la tercera edad elaborado por nutricionistas. Generalmente, se desarrolla de lunes a viernes, día en que además se entrega “un bolsín” de alimentos para el fin de semana. 

Con respecto a cómo se compran los productos que integran el BCA, la normativa indica que los Centros de Jubilados y Pensionados (CJyP) que reciben fondos “tienen la obligación de realizar una compulsa periódica de precios con la presentación mínima de dos oferentes en forma trimestral”, o bien acudir a comercios mayoristas. 

Sin embargo, la AGN (que visitó varios CJyP –ver aparte-), resaltó la “falta de compulsa de precios y/o conformación del precio testigo, (que es un índice) elaborado mensualmente para cada producto en todas las Unidades de Gestión Local, siendo que en ningún caso el costo de los alimentos supere el valor de góndola”.

Incluso, en cuanto a este sistema de precios testigo, los auditores observaron que la metodología usada para su conformación “no tiene en cuenta la dispersión geográfica”. 

La visita a los centros

Por otra parte, tras recorrer varios Centros de Jubilados y Pensionados, los técnicos detectaron que “las fichas individuales de los beneficiarios no se completan con los datos necesarios respecto a la evaluación nutricional al momento del ingreso al programa”, datos que son clave para el seguimiento de la iniciativa. 

También se observaron varias “falencias”, como que algunos CJyP no exhiben habilitación municipal y tienen deficiencias edilicias, como humedad, falta de pintura, rampas para discapacitados y señalización de emergencias”. 

Agrega el informe que algunos Centros “no tienen una cuenta bancaria exclusiva para el programa”, y que tampoco se controlan adecuadamente las facturas de los proveedores al momento de la entrega de bolsones. 

Control interno

En el marco del programa de asistencia alimentaria existe una Unidad de Auditoría Prestacional (UAP), que había planeado para 2011 auditar 535 Centros de Jubilados y Pensionados. Sin embargo, la AGN observó que sólo se cumplió el 36% de ese objetivo, porque los CJyP analizados durante aquel ejercicio fueron 194.

Igualmente, el 48% de esos centros auditados obtuvo una valoración “mala” o “regular” por parte de la propia UAP; en el 22% de los casos el control no pudo ser llevado a cabo, mientras que el 30% restante fue calificado como “bueno”. 

Ya para 2012 la UAP se planteó un objetivo menos ambicioso, aspirando a controlar 192 CJyP. Pero no hubo caso: finalmente se auditaron 97 sedes, con un 51,5% de valoración “mala” o “regular”, y un 42,2% de resultados “buenos”.

No estaría alcanzando

Con estos datos, la Auditoría General de la Nación concluyó que los controles con resultados negativos aumentaron un 7,4% entre 2011 y 2012, por lo que “los cursos de acción adoptados en las tareas de seguimiento de los desvíos señalados por la UAP no estarían alcanzando los objetivos propuestos”.