El gran bonete energético: quién controla el proceso de importación de gas
Según la investigación, “no existe un marco normativo que regule el circuito completo”, que va desde la llegada de los buques metaneros con GNL hasta que el fluido regasificado ingresa en la red. Los entes públicos hacen chequeos sectorizados y no hay fiscalizaciones integrales. Alerta por falta de recursos. Lamberto habló de un “problema crónico”.
Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) alertó sobre la “falta de garantías”, los “riesgos” y las “debilidades” en el control del proceso de importación de gas.
El organismo analizó el circuito que comprendió, entre enero de 2014 y abril de 2017, la llegada de los llamados buques metaneros con gas natural licuado (GNL) a los puertos de Ingeniero White (Bahía Blanca) y Escobar; el traspaso de esa sustancia a los buques regasificadores; y la introducción del fluido en la red de distribución.
Tras revisar todas estas etapas, la investigación reveló que “no existe a nivel nacional un marco normativo que regule” la secuencia descrita. Es que cada ente público que interviene en la actividad “ejerce un control sectorizado, sin tener en cuenta el ciclo anterior y posterior del proceso”.
En pocas palabras, el circuito sería así:
Cuando el buque metanero está en alta mar, se rige por normas internacionales de seguridad. Al ingresar a jurisdicción argentina, entra en juego la Prefectura Naval Argentina junto al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, un ente bonaerense que interviene en puerto. Y, cuando el gas entra en el ducto troncal, se inicia el monitoreo de las empresas involucradas en el sistema de transporte y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
“El control por este método es complejo”, dijeron los técnicos y, valga las múltiples redundancias, concluyeron que, “al no haber un control integral, se diluye el control”.
Asimismo, el texto explicó que esta situación ocurre “porque cuando se comenzó a importar GNL, los organismos gubernamentales involucrados se vieron obligados a ejercer control sobre una actividad que no estaba contemplada”.
Los "tramos críticos" son un ducto de 700 metros en Escobar y otro de 20 kilómetros en Bahía Blanca.
Fue así como la provincia de Buenos Aires autorizó el funcionamiento de los buques en su ley de radicación industrial; la Prefectura aprobó en 2014 una ordenanza marítima que incluyó al GNL; y la Secretaría de Energía estableció en 2012 los requerimientos que deben cumplir las terminales portuarias para participar de la operatoria, como por ejemplo la elaboración de auditorías de seguridad y medioambiente (ver Débil capacidad).
“Sin embargo los controles vigentes no cubren todo el proceso”, insistió la AGN, y añadió: “El aspecto crítico, desde el punto de vista ambiental y de seguridad, es el ducto de interconexión entre la terminal (buque regasificador) y el ducto troncal”, un pasaje que no está sujeto al seguimiento del exministerio de Energía ni del ENARGAS.
Los tramos en cuestión son un ducto de interconexión de 700 metros en Bahía Blanca y otro de 20 kilómetros en Escobar, que son controlados por los mismos actores que los utilizan, sin fiscalización de alguna autoridad de aplicación.
Débil capacidad
Más arriba se hizo referencia a las auditorías de seguridad y medioambiente que deben realizar las terminales portuarias que participan de la operatoria.
Pues sobre este punto, el informe contó que esos estudios son recibidos por la Dirección Nacional de Transporte y Medición de Hidrocarburos (del exministerio de Energía) “aunque no está entre sus funciones intervenir en este aspecto”. Sin contar, además, con que esa oficina “ha expresado no contar con recursos presupuestarios para continuar contratando los especialistas necesarios”.
Para completar, la AGN señaló que “no se encontró evidencia en el exministerio de Energía de un procedimiento formal de revisión y aprobación de los informes de auditoría” que hacen las terminales.
Esta “débil capacidad operativa”, a palabras de los técnicos, ocasiona que “no estén garantizados los pasos mínimos de control de las auditorías por la autoridad de aplicación, lo que significa un alto riesgo del control interno”.
Palabra de auditor
Al momento de la aprobación del informe, el presidente de la AGN, Oscar Lamberto, afirmó que estos hallazgos muestran un “problema jurisdiccional que es crónico en la Argentina, donde en poco espacio geográfico hay varias autoridades que compiten, por lo que, en general, el control se hace más difícil”.