A esta situación se suma que “si bien se lleva un registro de proveedores, no se pudo verificar que ellos sean calificados”. De hecho, el informe señala que “las sanciones se anotan en una planilla de cálculos que no está integrada con el registro de prestadores, por lo que quienes fueron penados pueden ser invitados a nuevas licitaciones”.

El organismo de control informó que “tampoco tiene constancia de que el Comité de Multas, que analiza y determina las sanciones a aplicar ante incumplimientos de contratos, haya funcionado, ni que haya hecho reuniones ni tomado algún tipo de decisión”.

La AGN también apuntó en su informe que “no hay un software en el que se registren y administren las compras y contrataciones y que, a su vez, se integre con el sistema de anotación presupuestaria y contable”. Tampoco hay un manual de procedimiento para las contrataciones, aunque, según señala el informe aprobado en septiembre de 2010, “sí se detectaron instrucciones sobre temas puntuales, por ejemplo en el tramite para la publicación en medios gráficos”.

No existe en los diferentes sectores del Banco Central “una metodología uniforme para estimar los precios de los bienes o servicios para contratar”. Paralelamente, indican los auditores, “en el Régimen de Contrataciones no se especifica cuál es la documentación mínima y necesaria con la que deben contar los expedientes”.

Además, registraron “demoras en la incorporación de la copia del acta de recepción en las contrataciones” y, en los casos en los que estaba esa documentación, “había deficiencias, como la falta del numero de convenio que habilita la compra o la carencia de la fecha de emisión”, entre otras cuestiones.

Los auditores no pudieron constatar que en el interior del BCRA “se presentaran propuestas de reducción de costos” ni “que las instancias superiores del ente realicen acciones para mejorar los tiempos y la utilización de los recursos”, pese a que la Auditoría Interna del Banco recomendó “mejorar” ese punto.