Los cortes de luz fueron los protagonistas del 2013. Las altas temperaturas, cercanas a los 40 grados en diciembre, hicieron saltar los niveles de consumo eléctrico a nivel nacional provocando extensos y masivos cortes de energía. Uno de los grandes proyectos de ENARSA está orientado a incrementar el sistema energético nacional a partir de la construcción de centrales termoeléctricas pero la Auditoría General de la Nación (AGN) detectó que “por falta de planificación las obras demoraron y el costo final fue considerablemente mayor”.

Según manifiestan los auditores “las centrales térmicas de Ensenada de Barragán y Brigadier López se adjudicaron en diciembre y septiembre de 2008 respectivamente y debían estar para marzo y febrero de 2011”. Sin embargo, cuando la AGN visitó en diciembre de 2012 la Central de Ensenada, casi 20 meses después de la fecha de terminación prevista, “se encontró con que las obras aún no estaban terminadas”. El principal motivo fue que “se tuvieron que encarar nuevos trabajos no previstos originalmente”. 

Por el lado de Brigadier López, “las tareas fueron suspendidas por 270 días ya era necesario adquirir los terrenos aledaños porque los elegidos eran insuficientes para instalar la Central”.

Como consecuencia de a las modificaciones y los atrasos, los contratos de ambas centrales se encarecieron. El primero tuvo extras del 45% en concepto de adicionales y del 16% por redeterminaciones. Así, “el monto contractual ascendió de $1.5 millones a $2.4 millones”. En el segundo, los trabajos complementarios significaron un 11% más y las readecuaciones un 17% de aumento, “por lo que el contrato ascendió de $ 1 millón a casi $1.3 millones”.

Sobre la habilitación comercial definitiva que otorga la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (CAMMESA) el equipo de auditoría marcó que “en el 2012 ambas centrales contaban con ella de manera provisoria” y hasta la fecha de finalización de las tareas en marzo de 2013, “no se pudo comprobar que haya devenido en definitiva para ninguno de los dos casos”.

En parte, señala el informe aprobado el año pasado, “la falta de una autorización final se debe a la inexistencia de estudios de impacto ambiental que permitan detectar, prevenir o remediar la incidencia de factores contaminantes”.

ENARSA, en lo que respecta a sus relaciones comerciales, se rige por las normas del derecho privado. Pero “cuando realiza obras con fondos provenientes del Tesoro Nacional está bajo la órbita del derecho”. Una vez aclarada esa cuestión, es importante mencionar que sobre la construcción de ambas centrales la AGN manifestó que “no pudo verificar el cumplimiento de la normativa Compre Trabajo Argentino”.

Es que, según los dos primeros artículos de la Ley 25.551 la administración nacional, sus dependencias, concesionarias, sociedades privadas, prestadoras y otro tipo de instituciones “deben darle preferencia a los bienes de origen argentino”. Como contrapartida, conforme al cuarto artículo de esa ley, “la Secretaría de Industria y Comercio de un certificado de verificación, acerca del valor de los bienes no nacionales a adquirir” ya que no pueden superar el 40% del valor bruto de la obra.  

El informe cita el caso de la empresa Bureau Veritas que pese a que “presenta un listado con los objetos adquiridos e instalados en la obra, señalando su origen”, esa documentación “no constituye el certificado requerido por la Auditoría”.

Otro de los grandes proyectos que lleva adelante ENARSA es el de Generación de Energía Eléctrica Distribuida (GEED) que consiste en “producirla mediante unidades o plantas transportables a motor alternativo de combustión interna o turbina de gas”. Sobre ellas, la AGN resaltó que “comenzaron a operar sin la habilitación ambiental correspondiente”. Las Centrales de “Añatuya, Sáenz Peña, La Plata, Salto y General Villegas con el correr del tiempo la obtuvieron”. En cambio, las de “Olavarría, Realicó y Miramar I aun no la tienen pese a que están en funcionamiento porque todavía están en trámite”