La empresa estatal ENARSA le pidió un estudio de prefactibilidad ambiental a una planta generadora de energía térmica con biomasa, cuando el complejo ya estaba en pleno funcionamiento.

El problema es que esto ocurrió pese a que, como su nombre lo indica, esos requisitos deben exigirse incluso antes de que se determine si los emprendimientos son viables o no.

Este fue uno de los ejemplos que tomó la Auditoría General de la Nación (AGN) para concluir que la firma registra un “insuficiente nivel de efectividad” a la hora de avanzar con proyectos vinculados a energías renovables, cuyo fomento quedó estipulado en una Ley de 2006.

ENARSA tenía diez años para lograr que el 8% de la matriz energética sea alimentada por fuentes renovables, pero solo se alcanzó un 2%.

La investigación del organismo de control recordó que esa norma daba un plazo de diez años para lograr que el 8% de la matriz energética nacional sea alimentada por fuentes renovables, es decir, generada por productos no fósiles, como viento, agua o luz solar .

Pero el objetivo no se cumplió. De hecho, el informe reveló que “solo se alcanzó un 2% de lo previsto”, por eso se expendieron los plazos con otra Ley. Y, si bien la AGN reconoce que ENARSA “no es el único actor del Estado nacional capaz de realizar esfuerzos para cumplir la norma”, sí entendió que “las acciones de la firma han contribuido de forma insuficiente en tal sentido”.

Para completar el caso que da inicio a esta nota, la planta en cuestión integró un proyecto llamado Santa Bárbara, que está ubicado dentro de un ingenio azucarero de Tucumán y forma parte del programa GENREN (Generación Renovable, ver aparte).

Sobre esto dijo la Auditoría: “El contrato entre ENARSA y el Ingenio Santa Bárbara contiene cláusulas de imposible aplicabilidad manifiesta”, por ejemplo, no hubo forma de corroborar los precios cotizados por la contratista; tampoco se pudo verificar el ya mencionado estudio de prefactibilidad que, según los técnicos, “devino abstracto”; y además no se logró determinar si el convenio entró en vigencia desde la fecha de habilitación, “porque para ese día, la planta ya estaba habilitada”.

"Las acciones desarrolladas por ENARSA no fueron sometidas a ningún tipo de control" según la AGN.

Asimismo, la AGN objetó que “ENARSA tampoco cumplió obligaciones” de ese contrato, como inspeccionar si el complejo se ajustaba a los requerimientos de la habilitación que le dio la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, más conocida como CAMMESA.

“Respecto al proyecto Santa Bárbara, se evidencia que ENARSA no efectuó el control de legalidad ambiental dispuesto”, señaló la Auditoría, ya que no se pudo acceder a los certificados de aptitud medioambiental ni a la habilitación local de actividad. Tampoco fue posible comprobar la veracidad de las declaraciones juradas de la contratista, ni si cumplió su programa de mantenimiento durante la vigencia del contrato.

Y, como pantallazo general de la gestión de la empresa estatal, los técnicos de la AGN afirmaron que “las acciones desarrolladas por ENARSA en materia de energías renovables no fueron sometidas a ningún tipo de control interno durante el período auditado”.

El GENREN

Por otra parte, tras analizar el programa GENREN, el organismo de control sentenció que la iniciativa “logró una efectividad insuficiente, ya que preveía inicialmente la instalación de 1.051 mega watts y, aunque a través de los diferentes procesos licitatorios se adjudicaron proyectos por 1.102,5 MW, al final del período auditado sólo se habían instalado 194,7 MW”, es decir, el 18,5 por ciento del objetivo original.

De los 43 proyectos que se le adjudicaron al GENREN, 31 no lograron ser operativos.

Además, el informe añade que, de 43 proyectos adjudicados en el marco del GENREN, “31 no lograron ser operativos”, por falta de financiación, incumplimientos en los plazos de habilitación comercial y modificaciones del marco legal en materia impositiva.

Ante este panorama, la investigación completó: “La falta de coordinación y conocimiento de las acciones efectuadas por las distintas autoridades competentes provocó que, en el marco del GENREN, se adjudiquen proyectos que deberían ser revisados, en tanto no cumplían ni cumplen previsiones y obligaciones ambientales de orden público y contractuales asumidas con ENARSA”.