La Auditoría General de la Nación (AGN) evaluó el cumplimiento del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos en Municipios Turísticos haciendo hincapié en el subprograma que se centra en las jurisdicciones en las que la disposición final de la basura no está incluida en el Plan provincial. Y al respecto señaló “un grado de eficiencia bajo”.

Es que de 20 proyectos y otras tantas obras “solo se realizaron 7 planes y 4 trabajos”, pese a haberse extendido el plazo de finalización del programa. 

A ello se suma que la Unidad Ejecutora (UE) “confeccionó 38 indicadores para evaluar y asignar puntaje al desempeño de cada área a fin de analizar a los distintos municipios”. Pero desde 2010 hasta junio de 2013, “solo se habían utilizado en dos obras ubicadas en la provincia de Mendoza”. Según lo comunicado por la UE, la evaluación en Termas de Río Hondo no se realizó porque “no se pudo completar el archivo de datos necesario para su análisis”.

Otro dato relevante que deja en descubierta la baja eficacia en el cumplimiento del programa es la “realización de estudios de factibilidad en Villa Gesell, Pinamar y el Partido de la Costa cuando estos municipios no contaban con predios para realizar las obras”.

El Programa, que está bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), tuvo un costo de U$S 75 millones de los cuales el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aportó el 80% y Argentina el 20% restante. A su vez, el Subprograma 2, motivo de la auditoría en cuestión, insumió poco más de U$S 25 millones.

Otro caso que se destaca en el informe ocurrió en Entre Ríos, puntualmente en Gualeguaychú. La obra “incluía la separación de origen de los residuos, la recolección diferenciada y la puesta en funcionamiento de un Ecoparque”. Para ello se preveía “la instalación de una planta”. Sin embargo, en la zona en la que se pensaban realizar las obras “existía un depósito de residuos biopatogénicos de cinco metros de profundidad”. 

En las Termas de Río Hondo de Santiago del Estero ocurrió algo similar. Se preveía una planta de “separación de origen y reciclado de la basura, realizar una recolección diferenciada y remediar el basural existente”, entre otras cuestiones. Sin embargo, los estudios mostraron que “el municipio tenía poca capacidad para garantizar la viabilidad del proyecto”.

En ese caso, el BID seleccionó empresas para que realicen estudios de factibilidad y en 2009 “la UE inició un proceso de licitación para implementar el Sistema de Gestión de Residuos Sólidos (GRISU), “que comprendía la construcción de un centro ambiental y el saneamiento del basural”.

La AGN detectó que “en el expediente no hay planes para la implementación de este plan”. Además, “la consultoría contratada por el Banco inició su laborseis meses después de comenzada la obra pese a que su evaluación debía garantizar su viabilidad”. 

Durante la construcción, “no se realizaron monitoreos de calidad de aguas subterráneas ni de las superficies”. En mayo de 2012 finalizó la obra pero los auditores señalaron que “la clasificación y recuperación de los residuos es similar a la realizada en un basural a cielo abierto”.

Popurrí

La Unidad Ejecutora fue creada en 2008 pero “no incorporó personal a cargo del área ambiental hasta 2012, incumpliendo así las cláusulas del Manual Operativo”. Recién en 2013 “signó personal al sector de Fortalecimiento”. Al cierre de la auditoría “no tenía un organigrama aprobado ni formalizado”.

La UE debe presentar con una frecuencia semestral informes al BID con datos financieros, proyectos finalizados, en curso y resultados de las supervisiones en las obras, entre otros. De 2010 a 2013 “solo cumple parcialmente con los datos requeridos”. El informe, aprobado en agosto de 2015, cita como ejemplo que “se enumeran problemas pero no hay medidas para subsanarlos”.

También se detectó un periodo en las obras en las que no se realizaron estudios de impacto ambiental.