Los geriátricos porteños son denunciados principalmente por malos tratos y por cuestiones de mantenimiento edilicio. El dato se desprende de un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) que evaluó a la Subsecretaría de la Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social haciendo hincapié en el programa de Supervisión de Establecimientos para Adultos Mayores durante el 2013.

Durante ese año "el 16% de los geriátricos recibió algún tipo de denuncia". En total fueron 108 que involucraban a 89 centros y se distribuyen de la siguiente manera:

La AGCBA tomó una muestra de 18 geriátricos denunciados y del análisis de esos casos evaluó que "ocho no tienen en el legajo cuál fue el resultado de la intervención de la Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos Residenciales (UGCOR), en cuatro la denuncia fue refutada, en dos subsanada, en otros tantos no se resolvió, en un caso se procedió a la clausura y en otro se derivó a otro organismo".

Por ley, desde el 2011, la Auditoría Gubernamental de Control (AGC) es la encargada de coordinar las tareas de fiscalización y control, mientras que la UGCOR "es la que fiscaliza los geriátricos, en virtud de las prestaciones psicosociales, nutricionales y de derechos que brindan”. Además participa en las inspecciones que realiza la AGC y es quién recibe las denuncias de irregularidades como se señalaba líneas más arriba.

La Agencia de Control es quien tiene que hacer y mantener actualizado el Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores pero, en los hechos, es la UGCOR la que se encarga de la inscripción y de la sistematización en el Registro.

Según la AGCBA hay un bache en la normativa porque “no se determina cuál es la autoridad competente que debe firmar las resoluciones que otorgan las altas, bajas o modificaciones en el Registro”.

Sobre éste, el informe de la Auditoría porteña destaca que "uno de los pre requisitos para la inscripción es encontrarse habilitado”.

De los 112 legajos revisados, los auditores encontraron que "casi el 5% no estaban previamente habilitados por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos para funcionar".

Por otra parte, “en el 21%  de los casos los Directores de los establecimientos no presentaban título ni matrícula  pese a que deben poseerlo según la ley 661 que los regula”. En el 77% de los legajos "se observó que no están actualizados sus datos". 

Yendo más a lo técnico, la AGCBA remarca que "el Registro no permite distinguir aquellos establecimientos que funcionan de los que ya no lo hacen". De hecho, el listado publicado en el sitio web del Gobierno porteño "tiene geriátricos que ya no funcionan más".

Tampoco existe "un criterio unificado para la carga de datos, lo que dificulta el cruce con la base de los establecimientos fiscalizados".

Durante el período analizado "27 geriátricos solicitaron su inscripción y 99 pidieron modificar su solicitud de inscripción pero ninguno contó con la resolución aprobatoria”. 

Niveles de riesgo

La UGCOR realiza dos tipos de fiscalizaciones una operativa, que es integral del geriátrico y que se hace una vez al año y otra de seguimiento que establece niveles de riesgo y que tiene el objetivo de analizar el cumplimiento de las observaciones realizadas anteriormente.

Del análisis de 2013 se desprende que “el 17% de las instituciones presenta un nivel de riesgo alto, el 8% medio alto, el 28% medio y un 47% se ubican en niveles medio bajos y bajos”.

Sobre las recomendaciones la AGCBA destacó que “se modificó el modo de notificarlas, puntualmente se dejó de enviar cédula de notificación, por lo que no permite identificar cuando se les hizo sugerencias ni cuando fueron recibidas por los centros”.

Con respecto a los controles anuales señaló que “en los 112 legajos que analizó estaban hechos”. 

Asistentes Gerontológicos

La ley 661 establece que todo el personal de las residencias de ancianos tiene que tener capacitación en gerontología a través de cursos con reconocimiento oficial, incorporando así la figura del Asistente Gerontológico. Sin embargo, de los 93 legajos observados por la Auditoría porteña, “el 94% no presentaba constancia de capacitación”.

La UGCOR es quién administra el registro de estos asistentes y mantiene actualizado sus datos pese a que el acto administrativo de la inscripción corresponde a la Agencia Gubernamental de Control.