La falta de concordancia entre registros presupuestarios oficiales, las rendiciones de gastos incompletas y la ausencia de documentación obligatoria, llevaron a la Auditoría General de la Nación (AGN) a concluir que el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) del Riachuelo “es poco confiable”.

Así lo indicó un informe del organismo de control, aprobado este año, sobre la gestión de la Secretaría de Infraestructura Urbana -del Ministerio del Interior y Obras Públicas- como responsable de ejecutar, en el marco del PISA, el Plan Nacional de Hábitat durante el ejercicio 2018. 

Según el relevamiento, para ese año la iniciativa en cuestión disponía de un presupuesto de casi $ 323 millones. El monto era el mismo, tanto en los números de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) como los que figuraron en el Sistema de Información Financiera (e-SIDIF), que, en pocas palabras, refleja la gestión de los fondos del Estado nacional. 

Sin embargo, al analizar los devengados del ejercicio 2018, es decir, lo que efectivamente se ejecutó, la Auditoría descubrió “una diferencia del 15,3% en los montos registrados en el e-SIDIF respecto del PISA”. En dinero, esa falta de concordancia ascendió a $ 55 millones. 

“El PISA es elaborado por la ACUMAR en base a información remitida por las jurisdicciones”, explica la AGN, en referencia a la Nación, la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, los técnicos concluyeron que, “si bien el Plan de Saneamiento Ambiental brinda (datos) sobre las inversiones, es poco confiable porque no cuenta con procedimientos de control y contrastación con los sistemas presupuestarios”. 

Por otra parte, y yendo a las mencionadas inversiones, los auditores confirmaron que en algunos proyectos del Plan Nacional de Hábitat hubo “desembolsos de entre el 25 y 50% del monto de la obra” en concepto de anticipos financieros, “que no se denominaban así, pero que cumplían la misma función ya que se otorgaron varios meses antes del inicio” de los trabajos.

El tema es que, según la reglamentación vigente al momento de la auditoría (aprobada en el mismo 2018), los anticipos financieros “no pueden superar el 20% del monto total acordado” de un proyecto. 

Con respecto al proceso de ejecución de las obras, la AGN remarcó que el mencionado reglamento disminuyó las exigencias para que, después de un envío de fondos, tenga lugar un nuevo desembolso. ¿Cómo funcionaba? Pues en lugar de tener que justificar la totalidad de los gastos, bastaba con demostrar el 95% de los movimientos.

A pesar de esto, los técnicos observaron que “el grado de cumplimiento -de las rendiciones- bajó en relación al ejercicio anterior, con un promedio del 85%, es decir, que el 15% del total de fondos obligados a rendir no lo estaban al momento de recibir la siguiente transferencia”.

Otra vez, en dinero, ese 15% no justificado ascendió a algo más de $ 67 millones. Y, para completar, “se detectaron algunos faltantes de documentación exigidas por la reglamentación”.

La normativa, asimismo, establecía “acciones y sanciones que debía aplicar la Secretaría de Infraestructura Urbana a los entes ejecutores que no cumplieran con las rendiciones, procurando la devolución de los fondos. Sin embargo, no se observó acción ni sanción alguna en los casos de incumplimiento”, remató la AGN. 

¿Dónde iba el dinero? Por reglamento, los municipios participantes del Plan de Hábitat tenían que abrir una cuenta en el Banco Nación -u otra entidad habilitada-, que debía ser de uso exclusivo de la iniciativa. 

En ese sentido, la Auditoría notó que dos comunas no cumplieron con la obligación: por un lado, a la cuenta receptora de La Matanza llegaban recursos provenientes “de más de cinco programas distintos” y, por el otro, aparece la cuenta de la Ciudad de Buenos Aires, que recibía transferencias de 20 iniciativas diferentes. 

Primus inter pares

Para completar el trabajo, la AGN comparó sus hallazgos con los informes realizados por otros entes de control, como la Unidad de Auditoría Interna, la Sindicatura General de la Nación, la Sindicatura porteña y el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.

En todas esas investigaciones aparecen las mismas observaciones: “retrasos en los avances físicos de obras, faltante de documentación exigida por la normativa que imposibilitan el control, falta de Manual de Ejecución, atrasos en los desembolsos, demoras significativas en el inicio de las obras, deficiencias respecto al diseño urbano de la obra, y defectos de infraestructura de servicios”.

Sin embargo, en sus conclusiones la Auditoría sostuvo que, “salvo” por los detalles mencionados, “la información (del programa analizado) cumple en todos los aspectos significativos con los criterios aplicados”.