Iniciativas con objetivos indefinidos, recursos insuficientes, baja eficacia y falta de seguimiento de los casos más graves. Así se refirió la Auditoría General de la Nación (AGN) al llamado Plan Sanitario de Emergencia, destinado a relevar el estado de salud de la población afectada por la contaminación del Riachuelo

Tan así es el panorama, que el organismo de control proyectó que, a este ritmo de trabajo, se necesitarían unos 15 años para terminar de chequear el impacto que genera en todas las villas de la zona el hecho de convivir con el curso de agua. 

El Plan Sanitario de Emergencia forma parte, a su vez, del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), que lleva adelante la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). 

Una de sus acciones consiste en clasificar las zonas afectadas según el nivel de peligro al que están expuestas. Y, para eso, elabora el Mapa de Riesgo Sanitario Ambiental

A partir de esta herramienta, que comenzó a aplicarse en 2017, se supo que existen 593 urbanizaciones emergentes, de las cuales 100 deberían tener prioridad de atención por registrar “riesgo muy alto o alto”, cuenta la AGN.

El tema es que, según reconoció la propia ACUMAR, la labor del Plan Sanitario de Emergencia llegó a 38 barrios, es decir el 6,4% del total, mediante encuestas a 46.386 personas que habitan en 7.312 viviendas.

El informe explica que, una vez pasada la etapa del Mapa, es momento del equipo de “gestión de casos”. Se trata de un grupo que selecciona a los damnificados por la contaminación según su problemática y los deriva a distintos centros de salud para continuar la atención médica.

Existen 593 urbanizaciones emergentes en el Riachuelo, de las cuales 100 tienen riesgo alto o muy alto

Sobre este capítulo de la iniciativa, la Auditoría concluyó que “las intervenciones se efectúan independientemente del diagnóstico de base”, y que, durante el período analizado (entre enero de 2016 y diciembre de 2017), “ACUMAR había efectuado el procedimiento en solo un barrio de los 10 con mayor riesgo de toda la Cuenca. A su vez, de los 10 barrios con ranking prioritario, intervino solamente en dos”.

Con estos datos, en abril del año pasado hasta la Corte Suprema de Justicia señaló que el ente encargado de limpiar el Riachuelo “no ha sido eficaz” en la gestión de su Plan Sanitario.

Es que, además de esta performance, la AGN añadió otros números: “La ACUMAR estima que más de 151 mil personas viven las 100 urbanizaciones emergentes con mayor riesgo. A diciembre de 2017 -continúa el texto-, se habían relevado más de 46 mil personas, derivándose 2.604 casos a los centros de salud (por debajo del 5%), de los que se resolvieron menos de la mitad: 1.127”.   

Para completar, la investigación reveló que “el concepto de caso resuelto tiene que ver con la gestión administrativa y no sanitaria: ACUMAR deriva a diferentes efectores, sin verificar luego su efectividad”.

Todo esto llevó al organismo de control a remarcar la “baja incidencia de la estrategia gestión de casos”.

Perdidos

Hay más. El informe agrega que el 31,3% de los seleccionados para hacer seguimientos fueron categorizados como “perdidos o rechazados”, y ejemplifica que, en Lanús “143 de los 346 casos quedaron fuera del sistema, en su mayoría porque las personas se negaron a recibir la prestación”. 

“Esto demuestra que la ACUMAR no es efectiva en sus tareas de promoción del acceso a la salud”, sentenciaron los auditores. 

Hay demoras de hasta 11 meses en controles de plomo en sangre, que deben hacerse cada 90 días

Incluso, en el mismo municipio, se advirtió que “no cumplen los protocolos de seguimiento (del Ministerio de Salud) de acuerdo a los niveles de plombemia (envenenamiento por plomo): se constataron demoras de 7 meses en la entrega de resultados a niños con valores de 12,9 µg/dl”. 

(NdeR): µg/dl significa microgramos por decilitro y el máximo tolerado para los niños no debe pasar los 5 puntos. Entre las consecuencias de la alta concentración de plomo en sangre se destaca un aumento en las probabilidades de retraso en el desarrollo

Sigue la AGN: también se detectaron tardanzas de “entre 9 y 11 meses para efectuar una segunda extracción, cuando ese control debería realizarse cada 3 meses”.

 

 

Los centros de salud

Otro de los objetivos del Plan Sanitario de Emergencia era la construcción de 15 centros de salud en la zona de influencia del Riachuelo. 

Pues la Auditoría reveló que, durante el período examinado, no se avanzó con ninguna de las tres que faltaban para completar la meta. De hecho, en 2018 se terminó de construir la del municipio de Las Heras “luego de 7 años desde el inicio de las obras”. 

Asimismo, los técnicos contaron que “el Hospital Cuenca Alta Cañuelas funcionaba al 30% de su capacidad debido principalmente a la falta de recursos humanos y de presupuesto, y a los problemas de acceso”, ya que este centro se encuentra en un área a la que no ingresa el transporte público. 

Fondos

Para completar, la investigación informó que “el presupuesto del Plan Sanitario de Emergencia se redujo significativamente: en 2016 un 53,7% y en 2017 un 34,6”, es decir, más del 88% en dos años.