La Auditoría General de Salta señaló que el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, implementado en los municipios salteños, “no tiene constancias que permitan concluir que el otorgamiento” del beneficio “se efectuó en base a la situación social-económica de los titulares del derecho”. Así lo detectó el organismo a partir del análisis de legajos de los beneficiarios.

El sistema consiste en la utilización de tarjetas magnéticas habilitadas para la compra de alimentos en comercios adheridos. En ese marco, la falta de acreditación de los parámetros de entrega fueron detectados en dos de los tres municipios auditados: en Rosario de Lerma, donde de los 20 mil habitantes, a junio de 2010, había 812 tarjetas alimentarias para ser asignadas (representando un 4% de la población) y en Chicoana, de 8.500 residentes, donde -a la misma fecha- había 586 tarjetas asignadas (casi un 7% del total de pobladores).

El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria -“El hambre más urgente”-, está destinado a financiar acciones que garanticen los requerimientos nutricionales de las personas en condición de vulnerabilidad social. En el caso de Salta, la Nación se comprometió a transferirle a la Provincia los fondos para ser aplicados mensualmente, a través del Sistema de Tarjeta Social y la Provincia, a su vez, cede la gestión del programa y la administración de los fondos a los Municipios.

El informe, aprobado este año sobre datos del período de enero a junio de 2010, asegura que “no se pudo evaluar el impacto del programa” porque el Ministerio de Desarrollo Humano provincial “no aportó la información sobre las metas propuestas y alcanzadas, ni los resultados de la medición del impacto social del Plan”.

Convenio entre el Banco Macro y la Provincia de Salta

Para implementar el sistema de Tarjeta Social, se estipuló que el Banco Macro S.A. emita la Tarjeta Prepaga Recargable - Visa Vale Social, bajo el Decreto Nº 4093/08. Al respecto, la Auditoría Provincial dijo que “no se cumplió la normativa contemplada en el Sistema de Contrataciones de Salta en el proceso de contratación de la entidad Bancaria, ni en la selección de la Empresa Proveedora” de dicho sistema.

Asimismo, detectaron que la reposición de las tarjetas robadas, extraviadas o deterioradas, “se efectúa entre los 90 y 180 días” aunque “está estipulada en un término de entre 30 a 45 días”, según el Decreto Nº 4093/08. El informe también indica que el convenio “no establece -a los propietarios de Comercios adheridos- el periodo de acreditación y disponibilidad de los fondos”.

Por último, el organismo de control afirmó que la Provincia “no instrumentó un expediente o legajo del proceso de contratación”, que contemple los antecedentes de la contratación de las tarjetas magnéticas.