A partir de 2009, primer ejercicio completo tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó el saneamiento del Riachuelo, hasta fines de 2015, el Estado nacional destinó a esa iniciativa un presupuesto total que ascendió a $ 4.253 millones, de los cuales se ejecutaron por todo concepto unos $ 2.531 millones, es decir, el 59,5% del dinero disponible.

El pronunciamiento del máximo tribunal se conoció el 8 de julio de 2008 y obligó a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), un ente tripartito conformado por la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, a encarar las tareas de saneamiento de uno de los cursos de agua más contaminados del mundo, que afecta a más de 5 millones de personas.

Así se puso en marcha el llamado Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), que consistía en unas 14 líneas de acción, entre las que se destacaban la limpieza de basurales y márgenes, y el monitoreo de calidad de agua, aire, sedimentos y de la contaminación de origen industrial.

Antes del fallo

Según un informe de la Auditoría General de la Nación, del que este medio dio cuenta hace algunos años, en los primeros meses de aquel 2008, la Nación había devengado algo más de 35 millones de pesos sobre un presupuesto general para sanear el Riachuelo que ascendía a casi $ 151 millones, o sea, un nivel de ejecución del 23,5%.

Conocido el fallo de la Corte, que exhortaba a las jurisdicciones a acelerar los tiempos para recuperar el curso de agua, restaba ver cuál sería la performance en el manejo de los fondos. Pues bien, siempre tomando aquella investigación, pudo advertirse que en el último trimestre de 2008 se devengaron $ 68 millones y que, finalmente, el cierre del ejercicio mostró un nivel de ejecución del 70,25% del presupuesto total.

Borrón y cuenta nueva

El primer ejercicio completo con el fallo de la Corte vigente fue 2009. Ese año, el crédito inicial de la ACUMAR, esto es los fondos que estaban disponibles cuando se elaboró el presupuesto, ascendió a $ 201 millones. Con el paso de los meses, el monto trepó –vía reasignación de partidas dispuestas por el Poder Ejecutivo sin intervención del Congreso-, hasta alcanzar los $ 290 millones de crédito vigente.

No obstante, se devengaron unos 202 millones de pesos, lo que equivale al 69% del presupuesto global.

En 2010, la evolución de los fondos para el saneamiento fue inversa. Es que, al comienzo del año, la iniciativa contaba con un presupuesto de 423 millones de pesos y, en el transcurso del ejercicio, la cifra se fue recortando hasta llegar a $ 403 millones. Con todo, se ejecutaron unos $ 248 millones lo que, en términos porcentuales, representa el 61,53%.

Un año más tarde las modificaciones presupuestarias volvieron a ser ascendentes y también se registró una mejora en la performance de la administración. El ejercicio 2011 había comenzado con una partida de $ 602 millones y culminó con casi $ 740 millones; de ese total, la administración llegó a devengar el 81,05% de ese total, en números, unos $ 599 millones.

Sin embargo, en los dos ejercicios siguientes se registraron los niveles de ejecución más bajos del período analizado.

En primer lugar, en 2012 el crédito inicial fue de 559 millones de pesos, monto que se mantuvo igual durante todo el año, y el monto devengado finalmente fue de $ 153 millones, es decir, el 27,37%.

Al año siguiente el panorama no se modificó: de un crédito vigente de $ 640 millones, la ejecución de 2013 llegó a $ 176 millones, el 27,5% del total.

El ejercicio 2014 tiene una particularidad: es, de la serie analizada, el año que mayor presupuesto vigente pudo tener para sanear el Riachuelo, con casi $ 850 millones y, a la vez, el período que más fondos devengó, tanto en términos nominales -alcanzando los $ 716 millones-, como porcentuales (84,33%).

Finalmente, el año 2015 cerró con un crédito vigente de 773 millones de pesos y la ejecución mostró una baja con respecto al año anterior, con un monto devengado de $ 437 millones, es decir el 56,53%.