En aquel momento, la flamante titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, fue una de las mayores impulsoras del proyecto, que finalmente pasó por 186 votos a favor y solo 16 en contra. Incluso, en aquella oportunidad el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, aplaudió la sanción y aseguró que “nuestro objetivo es ser uno de los países más transparentes del mundo”.

Lamentablemente, a poco más de catorce meses de aquella histórica sesión de la cámara baja, todo ha quedado reducido a papel y tinta. Hace apenas unos meses, diferentes investigadores comenzaron a notar serias anomalías en las partidas que el estado asigna a diferentes consultoras. Millones de pesos que se destinan diariamente a la confección de encuestas con poca utilización práctica. En vistas de estos sospechosos movimientos, se solicitó una pesquisa acerca de los pliegos, los antecedentes corporativos y los movimientos de dinero entre el gobierno y las encuestadoras, pero se negó el acceso a dicha información.

Ofuscados, los integrantes de la asociación civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional presentaron el reclamo de dicha documentación en los despachos de Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción (OA). No obstante ello, la titular del organismo rechazó el pedido. Aquello marcó un hito insólito. La persona encargada de custodiar la calidad institucional del país e impulsora de la ley de Acceso a la Información, le negó información a una ONG dedicada a la calidad institucional.

En vistas de esta negativa, la asociación recurrió a la Justicia, de donde brotó una intimación legal para que la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Acceso a la Información Pública brinden, de manera inmediata, información vinculada a los contratos entre el gobierno y las consultoras. Hasta el momento, Laura Alonso continúa negándose a explicar la naturaleza de los cientos de millones que se destinan mes a mes a consultoras privadas.

Fuente: http://www.republik.com.ar