El Senado aprobó hoy en general el proyecto de Libre Acceso a la Información Pública que obliga a los tres poderes del Estado y a todas las entidades estatales a brindar información sobre sus actividades a todas las personas que lo requieran. El dictamen, basado en un proyecto presentado por el senador de Probafe Samuel Cabanchik, recibió "media sanción" de la Cámara alta, en medio de diferencias internas en la oposición, generadas por las críticas de algunos senadores que ven con mejores ojos una iniciativa similar que aguarda su tratamiento en Diputados.

Debido a esas diferencias, la iniciativa sólo fue aprobada en general y su tratamiento en particular, en el que algunos bloques propondrán modificar algunos artículos e incluir aspectos del proyecto de Diputados, se realizará el 30 de septiembre, mismo día en que se debatirá la Ley de Glaciares.

Lo que establece el proyecto aprobado

El proyecto establece que "toda persona, física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a requerir, acceder y recibir información pública en forma completa, veraz, adecuada y oportuna" y señala que las personas obligadas a brindar esa información con "celeridad" y de forma gratuita. En este sentido, el articulado establece que los sujetos obligados son los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; la Sindicatura y la Auditoría General de la Nación; la Defensoría del Pueblo; los entes reguladores de servicios públicos; empresas y sociedades del Estado y universidades públicas, aunque también afecta a los sindicatos y las obras sociales.

La autoridad de aplicación de la ley será el Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP), que deberá ser creado en cada uno de los tres poderes del Estado y que estará integrado por un director y un director adjunto designados por concurso público por el plazo de cinco años sin poder ser reelegidos. "Durante el proceso de selección (de las autoridades) deberán realizarse audiencias públicas. Las designaciones propuestas por los distintos poderes públicos deberán contar necesariamente con el acuerdo del Senado", sostiene el artículo 20 del proyecto. La única excepción que prevé la iniciativa es aquella información reservada "por disposición expresa de una Ley, el secreto industrial, comercial, financiero, científico o técnico y la información protegida por el secreto profesional".

Estenssoro no entendió el apuro de tratar este proyecto

Si bien el proyecto contó con el apoyo del bloque del Frente para la Victoria, encontró algunas resistencias por parte de la senadora de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro, quien se mostró molesta porque el proyecto fuera tratado sobre tablas, en disidencia con la autoridad de aplicación prevista. La senadora sostuvo que la iniciativa de Diputados establece que los directivos de la autoridad de aplicación deben contar con el aval de las dos cámaras del Congreso, a diferencia del proyecto del Senado, donde se establece que sólo es necesaria la aprobación de una sola. Además, Estenssoro afirmó que existe un contexto "anómalo respecto de acceso a la información y libertad de prensa" por lo que consideró necesario que se debate "una buena ley, al tiempo que dijo no entender "el apuro" por tratar este proyecto.

En respuesta, Cabanchik advirtió que el dictamen de la Cámara baja "no fija concurso" para la elección de directivos de la autoridad de aplicación y que "se les permite la reelección por cinco años más y se les fija el sueldo". "Si nos ponemos a hacer un estudio comparativo veremos que algunas cosas son mejores en uno y otras mejores en otro. No veo cómo de esa comparación vamos a inferir que ni siquiera se puede votar en general", manifestó el senador de Probafe.