Publicado: 18-08-2011 
  
Entre Ríos.- En la décimo primera sesión del 132 período legislativo, los diputados aprobaron la última norma por la que se reglamenta la Constitución de la provincia, reformada en 2004. El presidente de la Cámara, Jorge Busti, felicitó a los diputados, ya que rescató la importancia de concluir la reglamentación de los órganos dispuestos por la nueva Carta Magna provincial.

Quiero comunicar "mi satisfacción" por la media sanción a la reglamentación de esta ley; y destacó "el trabajo conjunto realizado entre legisladores y el personal del organismo".

Dijo que con esta media sanción de la reglamentación de la Tesorería General "hemos cumplido con el mandato constitucional de reglamentar todos los organismos de Control de la provincia como encomendó la Constitución provincial Reformada en el 2008". Así, recordó que ya cuentan con sus respectivas leyes "la Contaduría General y la Defensoría del Pueblo y con media sanción de diputados los organismos Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado y Tesorería General".

Por su parte, el presidente de la comisión de Legislación General, Jorge Bolzán, indicó que la norma que pasó al Senado para su revisión, determina que la Tesorería General de la Provincia "es el órgano rector del sistema de recaudación de los ingresos y pagos, por lo que bregará por la centralización de los ingresos de los recursos, la atención de los requerimientos de orden financiero motivados por las transacciones y obligaciones del Estado, la custodia de las disponibilidades, títulos valores, y demás documentos que pongan a su cargo".

En las competencias que figuran en el proyecto, se establece que la Tesorería deberá centralizar el ingreso de los recursos generales de la Provincia; efectivizar los libramientos de pago y de entrega de acuerdo con la programación financiera que surja del presupuesto de caja y las autorizaciones que emanen del Tesorero General; elaborar el presupuesto de caja y realizar el seguimiento y evaluación de su ejecución, entre otras.


La Cámara de Diputados elevó al Ejecutivo un Pedido de Informes para conocer "cuáles son las políticas diseñadas en relación al personal dependiente del Registro de la Propiedad Inmueble tanto en su aspecto remunerativo, funcional, operativo y presupuestario teniendo en cuenta el conflicto que sostiene ese sector con el Estado y que mantiene paralizada la actividad registral en la Provincia".

Y, a su vez, conocer cuál es la opinión del Poder Ejecutivo en relación "a la pretensión del personal dependiente de dicho registro público de pasar a depender del Poder Judicial o de su equiparación salarial con dicho poder".