Auditores denunciaron amenazas, acoso y extorsión

Publicado: 29-11-2009

 

Tres auditores del Tribunal de Cuentas de Río Grande se presentaron ante la Justicia para denunciar haber sido víctimas de reiteradas presiones, acoso y amenazas de parte de los Vocales José Labroca y Rosa Mucciaccio, y del fiscal contable del órgano de control, Luis Arrieta, para modificar el contenido de dictámenes en los que se objetaban contrataciones de obra públicas y pagos realizados por el Ejecutivo riograndense.

Los denunciantes acompañaron su presentación con copias de grabaciones en las que estarían registradas las amenazadas proferidas por Labroca y Arrieta para que los auditores "revean o cambien su dictamen profesional a efectos de favorecer a un tercero", según consta en la presentación judicial. Además, solicitan que se cite a prestar declaración al tercer vocal de ese órgano de control, Miguel Vázquez, y al jefe de personal del Tribunal de Cuentas, José María Martín. 

El escrito en cuestión es una presentación espontánea realizada por los auditores Mariela Olmedo, Alejandra Carabajal y Tomás Lapadula en el marco de una denuncia presentada en su contra por el Tribunal de Cuentas, en la que se les imputaría la sustracción de documentación del órgano de control. En su defensa aportan una nota firmada por el fiscal contable, Arrieta, en la que "consta la devolución de todos los expedientes obrantes en nuestros despachos", como así también "papeles de trabajo" que reconocen haber retirado de su lugar de trabajo en el entendimiento de que "los mismo son propiedad del auditor y no del TCP", tal lo determina la normativa de la Federación de Consejos de Ciencias Económicas de la República Argentina "a la cual adhirió el Tribunal de Cuentas de Río Grande". 

Según sostienen, esa "falsa" imputación estaría enmarcada en una estrategia tendiente a justificar la decisión de despedirlos a partir de este mes de diciembre, ante su "terminante negativa a cambiar los informes profesionales efectuados", que estarían referidos a una operatoria con tierras fiscales y la realización de distintas obras públicas, que habrían sido objetadas por no encuadrarse a lo que determina el procedimiento administrativo. 

Parte de las más de 8 horas de grabaciones de las que se desprenderían con claridad "las presiones" de las que fueron objeto los auditores fueron difundidas a fines de la semana pasada por la FM riograndese "Radio Fueguina". Los hechos en cuestión también fueron puestos en conocimiento del Consejo de Ciencias Económicas de la Provincia.

El Tribunal de Cuentas de Río Grande comenzó a funcionar el 18 de febrero del año pasado, cuando fueron designados, a propuesta del Ejecutivo Municipal, la contadora Ana María Pérsico; del ARI, Miguel Vásquez; y del Frente para la Victoria la abogada María Rosa Mucciaccio. En julio de se mismo año renunció Pérsico y en su lugar fue designado, el por entonces secretario de Finanzas del Municipio, José Labroca. 

La escandalosa situación denunciada en el funcionamiento del Tribunal de Cuentas riograndense podría tener otras derivaciones no menos escandalosas, ya que el vocal José Labroca podría ser objeto de una denuncia por ejercicio ilegal de la profesión de contador. Según trascendió, el funcionario del Tribunal de Cuentas no estaría matriculado, tal lo determina la ley provincial 191, que en 1994 reguló el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas.

El artículo 4 de la mencionada norma establece que "es indispensable para el ejercicio de las profesiones" en ciencias económicas dentro del territorio de la Provincia "la inscripción en las respectivas matrículas que serán llevadas por el Consejo Profesional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y estar habilitado para el ejercicio profesional en los términos de la presente Ley", exigencia esta que alcanza a quienes ejerzan la profesión "en forma independiente; en relación de dependencia; en el desempeño de cargos públicos" como así también "en el cumplimiento de funciones derivadas de nombramientos judiciales".

La Asociación del Personal de los Organismos de Control de Tierra del Fuego expresó su más enérgico repudio al accionar de los vocales del Tribunal de Cuentas del Municipio de Rió Grande. En el comunicado difundido por la entidad sindical, que lleva la firma de Elisa Dietrich, se precisa que la conducta denunciada pone "de manifiesto en forma inconfundible, como la política avanza sobre la capacidad técnica, vulnerando el control público", y se solidarizan con "la lucha emprendida por los Auditores del TCP Municipal, que no se dejaron doblegar por las presiones, sopesando mas la dignidad personal y la responsabilidad publica que el temor a la pérdida del empleo, quienes con la clara convicción que otorga la razón y la idoneidad profesional, no dudaron en exponer ante toda la comunidad, una realidad que padece el control público, y que no siempre puede ser expuesta con la claridad que se da en este caso", dejando entrever así que situaciones como las denunciadas no serían excepcionales. 

Desde APOC agregan que "desnudar ante la opinión pública situaciones como la acontecida, requiere de parte de los trabajadores, además de valor, contar con un gran compromiso con la función, máxime cuando el avance no es externo, sino que proviene de quienes tienen la obligación de prestigiar el control, garantizar la independencia política, y respaldar a sus trabajadores, y en lugar de ello optan por coartar el desempeño profesional, debilitando la función de control, en una clara defraudación a la confianza pública".