Publicado: 31-03-2012 
  
Córdoba.- Lo adelantó el presidente del Tribunal de Cuentas, Jorge Font. Dijo que la evaluación sobre la gestión Giacomino detectó falta de controles elementales, tanto en materia de recaudación como en el gasto.

Un informe parcial de la auditoría que el intendente de Córdoba, Ramón Mestre, encargó sobre la gestión de su antecesor, Daniel Giacomino, arrojó –según el oficialismo– una larga lista de desprolijidades administrativas y carencia de controles, tanto en el ingreso como en la erogación de recursos.

Así lo adelantó el presidente del Tribunal de Cuentas, Jorge Font (UCR), quien señaló que el estudio, realizado por la consultora Deloitte, registra un avance del 40 por ciento y que prevé otro informe parcial antes de las conclusiones, que estarían listas para mayo.

"Imaginábamos que íbamos a encontrar sólo desorden administrativo, pero también hay enormes falencias de procedimiento, carencia de controles y retraso tecnológico. Se evidencia una desaprensión total en el manejo de los recursos públicos", opinó.

Mestre lanzó la auditoría para trazar una divisoria de aguas entre el desempeño de Giacomino y el suyo, pero Font no descartó que la evaluación pueda tener derivaciones penales.

"Es prematuro pensar en lo judicial, pero no lo descartamos. El desmanejo que vimos asusta y no puede atribuirse sólo a descuido", opinó.

El análisis de los contadores se enfocó en 65 ítems, de los cuales ya fueron relevados 30 y en casi todos se detectó alguna improlijidad, dijo el funcionario.

Las más notorias tienen que ver, según Font, con la falta de controles sobre el ingreso de recaudación; la extracción de fondos de cuentas especiales sin la documentación respaldatoria de rigor; retraso de varios meses en hacer conciliaciones bancarias; y un manejo casi informal en algunos ítems de la liquidación de sueldos.

La auditoría menciona que no existen controles para asegurar la correspondencia exacta entre los recaudado por terceros (cajas y agentes recaudadores) y lo efectivamente rendido al municipio. "Esa información no está cotejada en ningún lado. Además, hay rendiciones tardías, que dificultan un seguimiento", precisó Font.

Esa última referencia apunta a que hay agentes recaudadores que no liquidan el dinero en las 24 ó 48 horas estipuladas para hacerlo. La retención de esos fondos habilita la sospecha de la existencia de algún negocio de tipo financiero.

La auditoría también detectó desacoples en materia de coparticipación. De acuerdo a la información disponible en el Tribunal de Cuentas, 2011 acusó una diferencia de tres millones de pesos (en menos) entre lo que declara la Provincia haberle girado al municipio y lo reflejado en los movimientos de las cuentas del Banco de Córdoba. "Al parecer, nunca nadie advirtió esta diferencia", se quejó el mestrista Font.

Otro renglón con problemas es el referido a los recursos humanos, donde no hay un legajo único que contenga la historia laboral completa de cada empleado. Esa información está repartida en varias áreas, lo que dificulta su control.

La auditoría tomó una muestra de 75 legajos (sobre un total de 9.982 agentes) y ya revisó 26. En la mitad de ellos se consignaron errores de liquidación, en ítems como títulos (en algunos casos no correspondería el pago) y asignaciones familiares (pagos por más hijos de los realmente existentes).

"Si consideramos que el rubro salarios representa casi dos tercios del presupuesto, el impacto potencial es grande", indicó un técnico que siguió de cerca la auditoría.

Como dato ilustrativo, esa misma fuente exhibió planillas de liquidaciones de sueldos donde se ven operaciones cargadas directamente a mano, sobre ?papel.

El análisis contable también detectó el sistemático retiro de fondos de cuentas especiales (con destino específico) sin cumplir requisitos formales: que medie decreto del intendente y que sean reintegrados antes del cierre del ejercicio.

"Muchos movimientos se hacían mediante una simple nota, y a veces sin siquiera eso", señaló Font.


Pasividad. El municipio no multó a agentes de recaudación para resarcirse así del perjuicio financiero que sufrió por las demoras de estos en liquidarle fondos.

Atraso en las conciliaciones bancarias. Esa tarea estaba pendiente desde agosto último.

Sin fondos. Existencia, al 10 de diciembre, de cheques pendientes de pago exigibles por 21,8 millones de pesos, contra un disponible de fondos de 1,6 millón de pesos.

Desacople. Débitos bancarios no registrados en el Sistema de Tesorería. Se detectaron 10 casos, por un total de 12,3 millones de pesos.

Personal. Entre enero y noviembre de 2011 se renovó vínculo con empleados contratados y transitorios, además de bonificaciones y prolongaciones de jornada mediante memorándum y no por decreto, como debe ser. Eso equivale a pagos por 241 millones de pesos no avalados por el instrumento legal correspondiente. La situación habría sido parcialmente regularizada luego.

A mano. Se liquidan sueldos de 10 mil agentes combinando planillas Excel y cálculos manuales. No hay evidencia de controles independientes que se ejecuten antes del cierre de cada proceso de liquidación mensual.