Publicado: 08-11-2010
 
Santa Fe.- No es la empresa que hoy administra el corredor vial. La elegida por la Comisión de Adjudicación es una UTE integrada por Milicic SA, Vial Agro SA, Laromet SA, Rovial SA y Pecam SA.

La Comisión de Adjudicación formada para la licitación de la Autopista Santa Fe-Rosario emitió su dictamen en favor de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) formada por Milicic SA, Vial Agro SA, Laromet SA, Rovial SA y Pecam SA. El expediente dejó el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente y ahora está en el despacho del gobernador Hermes Binner, quien deberá firmar el respectivo decreto de adjudicación para que concluya el trámite.

La Comisión de Adjudicación debió tomar una decisión entre tres oferentes, y una de las ofertas -que finalmente no fue adjudicada- incluye al actual administrador del corredor vial, Súpercemento.

Buena parte del interés público sobre la resolución del proceso de adjudicación estaba centrado en comprobar qué suerte tendría esa firma, que junto a Edeca SA (una compañía constructora de Rosario), hoy tiene en su poder el cobro del peaje, a cambio del mantenimiento de la autovía.

Polémica

Un fuerte debate -que incluyó denuncias de diputados del PJ ante la Justicia, numerosos pedidos de informes y quejas de la oposición-, provocó la decisión del gobierno santafesino de otorgar sin licitación ni concurso de precios, la explotación del peaje en la autopista, por 6 meses, cuando Aufé completó el plazo de su contrato y, al cabo de una ampliación, rechazó otra prórroga.

En medio de esa polémica hubo dos hechos importantes: primero el Tribunal de Cuentas objetó (por unanimidad) el criterio seguido y exhibió varias irregularidades en el trámite y el expediente. A esa objeción siguió la decisión del Ejecutivo de insistir pero con algunos cambios para hacer más prolija de polémica medida.

El gobierno espera con la conclusión del trámite cerrar un capítulo difícil. De todas formas, también el PJ se opone a la adjudicación en ciernes (además del contrato vigente con Súpercemento y Edeca), porque sostiene el criterio de que para llamar a licitación se requería una autorización por vía legal, y no volver a utilizar la norma con que se adjudicó en los "90 por primera vez la autopista.

Incluso, el bloque Justicialista en el Senado dio media sanción a una norma que refuerza ese criterio.

El 26 de agosto, sobre tablas, al cabo de un cuarto intermedio de media hora y previo envío de un juego de fotocopias para el minoritario oficialismo, el bloque del PJ aprobó una suerte de norma interpretativa respecto de la 11.157, que comenzó la privatización, durante el gobierno de Carlos Reutemann, que ahora retoma Binner.

Cuanto antes, mejor

El 11 de septiembre el ministro Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, dijo que "cuanto antes" iba a procurar que se expidiera la comisión de adjudicación, que ahora concluye su labor.

Ese día quedaron 3 de los cuatro potenciales oferentes en carrera, y se conocieron sus ofertas económicas. Al ver los números el funcionario respiró aliviado. Consideró que se podría salir de la situación "compleja en grado sumo", según la definición del ministro.

Detalles

El contrato de la concesión para diez años obliga al concesionario a repavimentar completa la autopista dentro de los primeros 5 años.

El pliego establece la "concesión por peaje de la construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, gerenciamiento y explotación de la autopista provincial (AP) 01 Brigadier General Estanislao López".

Además de esas obligaciones el gobierno aspira a crear un fondo de obras, para añadir otros trabajos y modernizar la vía de comunicación: la construcción de un tercer carril en los accesos de ambas ciudades; de puentes distribuidores para dos puertos del sur (San Lorenzo y Capitán Bermúdez) y mejorar el ingreso y egreso de los countries cercanos a nuestra ciudad. Son obras que no saldrán del valor calculado por los oferentes para el valor por vehículo pasante, sino de la cifra que le agregue el Ejecutivo al precio final del peaje.